Un tribunal de Bogotá ordenó este martes la libertad “inmediata” del expresidente Álvaro Uribe, mientras resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.
El popular exmandatario (2002-2010) recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.
Desde el 1 de agosto el político de 73 años está detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.
Pero Uribe apeló la decisión de la justicia que lo convirtió en el primer exgobernante del país condenado penalmente y privado de la libertad.
Según el exmandatario, el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.
Con la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá dio luz verde para que Uribe apele en libertad. Pero esta segunda instancia tiene solo hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
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“Presión a la justicia”
Todo empezó en 2012 cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con paramilitares.
Cepeda había mencionado en el Congreso las denuncias de exparamilitares en prisión que acusaban a Uribe de fundar un escuadrón antiguerrillas en la finca de su familia.
Pero en un giro inesperado en 2018, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.
Cepeda aseguró que respeta la decisión pero no la comparte.
“Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra. Y creemos que la medida que impuso la jueza (Sandra) Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”, declaró a la prensa.
Uribe llegó al poder cuando Colombia ardía por el enfrentamiento entre guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas del Estado.
Amasó apoyos con sus políticas de mano dura, que doblegaron a la entonces guerrilla FARC.
Pero al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra los rebeldes.
Han sido documentados más de 6,000 “falsos positivos”, como se conoce el caso de civiles ejecutados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas.
De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado —entre desplazados, muertos y heridos—, el 40% se registraron durante su mandato.
Cortesía de El Economista
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