Trinidad y Tobago, el país que defiende la operación antidrogas de Trump en el Caribe y cómo eso tensa las relaciones con la vecina Venezuela

“El despliegue por parte del gobierno de Estados Unidos de activos militares en la región del Caribe para destruir a los carteles terroristas de la droga cuenta con el apoyo total del gobierno de Trinidad y Tobago”.

“Las únicas personas que deberían preocuparse por la actividad militar de EE.UU. son aquellas que participan en o facilitan actividades delictivas. Los ciudadanos respetuosos de la ley no tienen nada que temer”.

Con esa palabras, divulgadas en un comunicado el 23 de agosto, la primera ministra de Trinidad y Tobago (TT), Kamla Persad-Bissessar, dejó clara la total alineación de su gobierno con el masivo despliegue de fuerzas militares ordenado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en aguas del Caribe como parte de una supuesta operación contra el narcotráfico.

En aquel momento, las fuerzas estadounidenses estaban parcialmente movilizadas y no se conocía con claridad ni la manera cómo se ejecutaría la operación ni la magnitud del despliegue militar.

La primera incógnita se despejaría el 2 de septiembre, cuando Trump anunció que EE.UU. había atacado una embarcación que supuestamente pertenecía a la banda criminal Tren de Aragua y que aparentemente había salido de Venezuela transportando drogas con dirección a Estados Unidos.

En ese ataque, según el gobierno estadounidense, murieron “11 terroristas”. Desde entonces, se han producido un total de 15 ataques, incluyendo cuatro en el océano Pacífico, en los que han muerto más de 64 personas. Según la cadena estadounidense CBS, socia en EE.UU. de la BBC, la policía de Trinidad investiga si dos de sus ciudadanos murieron en esas acciones.

La segunda incógnita está cada vez más clara: este es el mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al mandatario Manuel Antonio Noriega, a quien Washington acusaba -por cierto- de narcotráfico.

La misión cuenta con una decena de barcos militares estadounidenses, incluyendo destructores lanzamisiles, buques de asalto anfibio, un submarino, aviones espías, cazabombarderos F35 de última generación, bombarderos B52, helicópteros usados para el transporte de fuerzas especiales y, próximamente, el portaaviones USS Gerald R Ford, el buque de guerra más grande del mundo, con capacidad para transportar 90 aviones.

La magnitud de este despliegue unida a las duras críticas lanzadas por el gobierno de Trump contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien EE.UU. acusa de ser jefe de un supuesto grupo terrorista llamado “cartel de los soles”, han generado mucha especulación sobre la posibilidad de que el objetivo final de este despliegue sea lograr un cambio de gobierno en Venezuela.

Sea como sea, el gobierno de Trinidad y Tobago, no solamente ha ratificado su pleno apoyo a la operación estadounidense, sino que esta semana recibió la visita de uno de los barcos de guerra pertenecientes a esa flotilla: el USS Gravely, un destructor lanzamisiles con capacidades de lucha aérea, submarina o de superficie, y capaz de transportar helicópteros.

La presencia de esta embarcación en Trinidad y Tobago, el país del Caribe más próximo geográficamente a Venezuela -apenas hay unos 11 kilómetros entre los puntos más cercanos de ambos países-, en este contexto incrementó las tensiones entre Puerto España y Caracas.

Pero, ¿por qué Trinidad y Tobago se está alineando de forma tan firme con EE.UU.?

En su defensa de la operación estadounidense, la mandataria de TT destacó el aumento de asesinatos, la violencia, la actividad de bandas criminales y de los delitos financieros que han vivido los países del Caribe en años recientes por al auge de las redes de tráfico de drogas, de armas y de personas.

“La mayoría de los países del Caribe, y en particular Trinidad y Tobago, han estado enfrentando una criminalidad fuera de control durante los últimos 20 años. Los pequeños estados insulares como el nuestro simplemente no cuentan con los recursos financieros ni militares para enfrentarse a los carteles de la droga”, dijo.

Agregó que los carteles se han infiltrado en las altas esferas de la sociedad en esos países, obteniendo influencia en distintos sectores desde la política y las finanzas hasta la seguridad y los medios de comunicación, lo que debilita la capacidad de los gobiernos de tomar medidas efectivas para contrarrestarlos.

¿Tiene razón la mandataria?

“Algunos podrían sentirse inclinados a estar de acuerdo o incluso apoyar la postura de Kamla Persad-Bissessar, dada la creciente violencia armada que ha sacudido la región en los últimos años. Es cierto que el tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras representa un problema grave para nuestra región, ya que muchas de esas mismas armas terminan en manos de narcotraficantes que cometen algunos de los crímenes más atroces que conmocionan la conciencia de la humanidad”, dice Emanuel Quashie, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) en Mona (Jamaica), a BBC Mundo.

“Sin embargo, hacer explotar embarcaciones en nuestras aguas caribeñas no resolverá este problema, ya que el origen del mismo es el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos”, agrega.

Quashie asoma una hipótesis distinta para explicar el apoyo de Trinidad y Tobago a la operación estadounidense.

“En el sistema internacional, los Estados más débiles que no cuentan con capacidades militares suficientes para defenderse eficazmente por sí solos y que solo pueden ejercer una influencia muy limitada en la esfera internacional como aliados valiosos o potenciales de una gran potencia, a menudo se ven obligados a realizar un acto de equilibrio frente a los asuntos más urgentes tanto a nivel regional como internacional”, dice.

“Por lo tanto, no me sorprende ver que algunos Estados miembros del Caricom -aunque no estoy de acuerdo con su postura- parecen haberse alineado con Estados Unidos en algunos de los temas regionales más apremiantes”, agrega.

Siguiendo este razonamiento, hay analistas que consideran que Trinidad tiene motivos legítimos para apoyar a EE.UU, dado que necesita del apoyo de ese país para impulsar su producción de gas natural.

Otros, por su parte, destacan que aunque TT no tiene un rol protagónico en el tráfico de drogas por el Caribe, sí es usado por los carteles para almacenar, empaquetar y distribuir los narcóticos antes de su envío a Europa o Estados Unidos.

Según dijo Garvin Heerah, un experto en seguridad del país caribeño, a The New York Times: “Trinidad funciona como una base de operaciones dentro de una cadena de tráfico más amplia y bien estructurada”.

El apoyo inicial de Persad-Bissessar al despliegue militar en el Caribe despertó críticas dentro y fuera de Trinidad y Tobago. Estas se han incrementado en la medida en que EE.UU. pasó del despliegue a la acción militar, destruyendo embarcaciones tripuladas sin que hubiera antes algún intento de detenerlas para someter a sus tripulantes a un proceso judicial con las debidas garantías, que era el procedimiento usual en estos casos.

Pero la mandataria trinitense tiene clara su decisión: “Prefiero ver a los traficantes de drogas y armas hechos pedazos que seguir viendo a cientos de nuestros ciudadanos asesinados cada año por la violencia de pandillas alimentada por las drogas”, ha dicho.

Numerosos expertos han tildados estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales”.

“Las acciones militares de Trump en nuestras aguas caribeñas constituyen, de hecho, un crimen de guerra”, dice Emanuel Quashie.

El gobierno de Trinidad también ha sido duramente criticado desde las filas del Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, por sus siglas en inglés), el principal partido de oposición, que calificó como “desafortunada, imprudente y siniestra” la decisión de respaldar la operación estadounidense.

La posición asumida por Persad-Bissessar contrasta también con la expresada por los otros 14 estados miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), que criticaron el despliegue estadounidense, aunque con formas muy diplomáticas.

El pasado 18 de octubre los países del Caricom, con excepción de TT, publicaron una declaración en la que manifestaron su “apoyo inequívoco a la soberanía e integridad territorial de los países de la región”, así como al principio de mantener el Caribe como una “zona de paz”, comprometida con la resolución pacífica de conflictos.

El texto no mencionaba a EE.UU., pero era una respuesta al despliegue de sus fuerzas. Además, parecía responder -sin mencionarlo- a los temores de que el gobierno de Trump aproveche las circunstancias para atacar a Maduro en Venezuela.

Unos días más tarde, un grupo de 10 exmandatarios de países del Caricom emitió un comunicado en el que invitan a los países a evitar recibir “recursos militares, que tienen el potencial de atraer a la región a conflictos que no hemos provocado”.

Ese mensaje va claramente a contravía de lo que está haciendo el gobierno trinitense al recibir esta semana al destructor estadounidense USS Gravely.

En cualquier caso, las críticas más fuertes que ha recibido hasta ahora el gobierno de Trinidad y Tobago proceden del gobierno de Maduro, con el que las relaciones han sufrido un rápido deterioro en las últimas semanas.

Cuando Persad-Bissessar anunció su respaldo al despliegue estadounidense en el Caribe agregó, probablemente anticipando las críticas que recibiría, que Washington no había pedido que sus fuerzas militares usaran a Trinidad y Tobago como base para lanzar una acción militar contra Venezuela.

Sin embargo, advirtió que daría pleno acceso a EE.UU. para actuar en su territorio si Venezuela invadía Guyana. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, le respondió que en ese caso su país atacaría Trinidad en “legítima defensa”.

Posteriormente, cuando ya EE.UU. estaba lanzando ataques en el Caribe, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, criticó a Persad-Bissessar diciendo que estaba apoyando ataques en los que también “humildes” trinitenses estaban muriendo en “asesinatos extrajudiciales”.

Pero las tensiones realmente escalaron en la última semana.

El 23 de octubre, el gobierno de Maduro anunció que sus fuerzas armadas realizarían ejercicios militares durante 72 horas en las costas del país. Luego, el 26 de octubre, publicó un comunicado en el que denunciaba una “provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una querra en el Caribe”.

El texto se dió a conocer con motivo de la visita a Trinidad del USS Gravely para, según Caracas, la “peligrosa realización de ejercicios militares (…) bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de EE.UU., acción que constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe”.

En respuesta, el gobierno de Trinidad dijo que la visita del barco estadounidense busca reforzar la lucha contra el crimen transnacional y “construir resiliencia a través del entrenamiento, las actividades humanitarias y la cooperación en materia de seguridad”.

A partir de allí, las palabras dieron paso a las acciones.

El lunes 27, el presidente Maduro anunció la suspensión de un acuerdo energético bilateral “ante la amenaza de la primera ministra [Persad-Bissessar] de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela”.

La medida afecta una serie de proyectos para la explotación conjunta de los yacimientos de gas existentes entre sus fronteras marítimas, incluyendo el llamado Campo Dragón, en el que también participa la petrolera Shell y que contempla la extracción de gas venezolano para su procesamiento en Trinidad y Tobago y su posterior exportación como gas natural licuado.

En 2023, ambas naciones firmaron una serie de proyectos conjuntos para la explotación del gas que comparten en sus fronteras marítimas. Entre ellos se encuentra el denominado Campo Dragón, que prevé la exportación de gas a través de Trinidad y Tobago.

Debido a la reducción de su producción local, Trinidad ha quedado con una gran capacidad ociosa para procesar gas, por lo que le resulta favorable y conveniente procesar el gas venezolano.

Más allá de la suspensión del acuerdo energético, Venezuela también ha tomado represalias políticas: la Asamblea Nacional de ese país declaró el martes persona non grata a Persad-Bissessar.

Ese día, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, expresó con dureza su rechazo a la mandataria trinitense. “Venezuela ama al pueblo de Trinidad y Tobago, pero es una basura de gobierno”, dijo.

En respuesta, la primera ministra dijo que se trataba de una declaración “inútil” que no tiene ningún efecto y retó a las autoridades venezolanas a aplicarle la misma medida al presidente de EE.UU.

“Esto solo continúa con su patrón de intentar intimidar a sus vecinos más pequeños (…) ¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente [Donald] Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?”, se preguntó.

De forma casual, o quizá no, ese mismo día, la primera ministra trinitense ordenó trasladar a unos 200 inmigrantes venezolanos a un centro de detención para ser deportados. Una medida que estaba prevista desde hace meses, pero que no se había ejecutado hasta ahora.

“Nadie, ya sea el gobierno de Venezuela, el PNM, Caricom o cualquier otra entidad, presionará ni chantajeará a mi gobierno para que se retire de la lucha contra los carteles de la droga”, escribió la mandataria el martes en un mensaje publicado en X.

“Estoy cansada de ver a nuestros ciudadanos asesinados y aterrorizados por la violencia de pandillas impulsada por el tráfico ilegal de drogas y armas. La seguridad y la felicidad de los ciudadanos de Trinidad y Tobago son mi principal preocupación”, agregó.

Sea como fuere, lo que queda claro es que Persad-Bissessar no da muestras de estar dispuesta a reducir su apoyo a la operación militar estadounidense.

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