El futuro de la Suprema (cómo no) Corte (a falta de mejor nombre) de la Nación (si uno admite que la nación se circunscribe al Zócalo de la capital de la República) quedó marcado el 12 de octubre de 2024, día que conmemoraremos como el del descubrimiento de las gravitantes bolitas de la tómbola para seleccionar candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación.
En fecha idéntica, quinientos treinta y dos años antes, un marino español, Rodrigo de Triana, gritó desde lo alto del mástil de la carabela La Pinta: “¡Tierra, tierra!”. Esa madrugada Colón y su tripulación se dieron de bruces con América. Suceso que hoy rivaliza en importancia con la tómbola de las bolitas que caen; hace casi un año el senador Fernández Noroña (evidentemente menos avispado que Rodrigo de Triana y mucho menos que Colón) declaró que con la tómbola y la elección popular de las personas juzgadoras “desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del Poder Judicial”. La humanidad ha callado, malagradecida; no digamos los Estados en los que se agrupa la tal humanidad: inconscientes, no se han volcado a elegir juezas y jueces con el método de las bolitas gravitantes y el de los acordeones que aceleran la democracia más favorecida por los autoritarios: la dirigida.
Ese futuro del Poder Judicial marcado por los trabajadores del Senado (que, lo sabemos, no son los senadores) buscando por el piso las bolitas de la tómbola es hoy presente, uno disparatado: un presidente de la Corte que, para agarrar vuelo jurídico, contrató 103 asesores, no se les ocurrió ni a Viruta ni a Capulina; una ministra con parlamentos del tipo de los que llevaron a Cantinflas a convertirse en verbo para la Real Academia: “vigilar el cumplimiento de que se imponga un parámetro nos va a llevar después a ver si ese parámetro es correcto conforme a un parámetro no constitucional, porque no se encuentra, esta… justamente el parámetro con el cual se indique no se encuentra en nuestra Constitución, entonces no vamos a tener forma de cotejarlo con un parámetro debido de costo específico conforme a las diferencias que tienen, pero además nos vamos a ver en la dificultad de que si un Estado decide poner su parámetro en una forma”… y por ahí siguió, llenó de parámetros las constituciones, la General y las de los Estados.
Con esto, el parámetro que esperamos es que cada día lleguen menos asuntos a la Corte, de otro modo seremos el primer país de la humanidad (para emplear el argot de los transformadores) que se autoextermina: o bien por la risa incesante de sus pobladores o porque cada cual decidió hacerse justicia por propia mano, al imponer sus parámetros individuales.
De una reforma legal nacional con múltiples fallas, a las bolitas saltarinas y de estas a una buena cantidad de candidatas y candidatos no aptos, otros con mal prestigio bien ganado, para terminar con que, a pesar de las bolitas y con la ayuda de los acordeones estimulantes de electores, los jurídicamente no capaces y los moral y penalmente sospechosos se convirtieron en personas juzgadoras… y la secuela por venir: Jalisco con el postergado cambio a su Poder Judicial.
El Congreso del Estado no ha dado señales de hacerse cargo de lo que esta modificación constitucional supone para todos los rubros de la vida por acá. Esas señales que no se perciben, o sí, pero negativas: violaron la Constitución General al no legislar en el plazo mandatado, ¿significan que los legisladores locales tomaron nota de lo que en el Estado puede ocurrir con una reforma que sea calca de la nacional? ¿Será que al fin darán muestras de aprendizajes colectivos que beneficiarán a sus representados? ¿O los signos ausentes significan lo de siempre, el Congreso de Jalisco siendo, impasible, el Congreso de Jalisco: a ver cuál de sus legislaturas resulta la peor?
Esta vez, con la reforma al Poder Judicial del Estado, lo que nos jugamos es el estado de derecho, que podemos entender como fundamento de la organización política, en la que todas las personas e instituciones, incluido el Gobierno, están sometidos a la ley, que debe ser pública, constante, justa, aplicada equitativamente y proteger los derechos fundamentales. Todo eso que desde el Gobierno de la República y desde el nuevo Poder Judicial de la Federación no se cumple. Si nos atenemos a la descripción: la organización política no iniciará cuando la reforma quede fijada en la Constitución de Jalisco y en sus normas complementarias, sino a partir del momento en el que se discutan las iniciativas que lleven a la reforma, por otra lección que obtuvimos del proceso federal y del de varios Estados: no escucharon, por supuesto no incluyeron la pluralidad de voces, de advertencias; y por los resultados, ni siquiera pensaron. Es decir, no hubo organización sino imposición política.
¿Puede haber arreglo político positivo, civilizatorio, si las facciones con el poder de legislar no debaten de manera pública y admiten y respetan a quienes opinan diferente? ¿Hay estado de derecho si no demuestran que su compromiso no es con su partido o con su factótum de referencia, sino con la justicia, con los derechos humanos, con las libertades, con la separación de poderes que supone acotar al poder mismo en favor de los ciudadanos?
Muchos de quienes llegaron a puestos en el Poder Judicial no son aptos, bastantes rayan en la ignorancia. Otros tantos tienen conflictos de interés, con integrantes de la clase política y sus satélites o con criminales. El Poder Judicial no ganó en independencia, tampoco en autonomía, simplemente cambió de unas manos negras a otras. Ojalá que el Congreso de Jalisco haya tomado nota y entienda que no es consuelo ni salvoconducto democrático que estas calamidades nos las hayamos provisto mediante el voto popular.
Cortesía de El Informador
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