El gobierno de Donald Trump calificó este domingo Chicago como “zona de guerra” como justificación para desplegar soldados contra la voluntad de la administración demócrata de la ciudad, a la vez que salteó la decisión judicial que impedía que la Casa Blanca enviara tropas a otra urbe, Portland, gobernada por demócratas.
La administración republicanoa envió a unos 300 soldados federalizados de California a Portland, después que una jueza le impidiera usar a la Guardia Nacional de Oregón, en un claro desafío a los gobernadores demócratas de esos dos estados.
La oposición acusa al presidente republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer el poder de manera autoritaria. En la noche del sábado, Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió este domingo la medida, afirmando en Fox News que Chicago es “una zona de guerra”.
Pero Pritzker, en el programa “State of the Union” de CNN, acusó a los republicanos de intentar sembrar el caos. “Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”, dijo.
Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que una minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58% se opone.
Trump, quien el martes pasado habló de usar el ejército para una “guerra interna”, no da señales de ceder en su campaña de línea dura.
“Portland está en llamas. Hay insurrectos por todas partes”, dijo este domingo, sin aportar pruebas de ello.
Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, se hizo eco de la retórica del presidente declarando en el programa “Meet the Press” de la NBC, también este domingo, que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, la capital de Estados Unidos, habían acudido a una “zona de guerra literal”.
No a la “ley marcial”
Pero la campaña de Trump para recurrir al ejército para mantener la seguridad interna se topó con un obstáculo la noche del sábado en Portland, Oregón, cuando un tribunal dictaminó que el despliegue militar en la ciudad era ilegal.
Trump calificó repetidamente Portland de “ciudad devastada por la guerra”, pero la jueza federal de distrito Karin Immergut emitió un bloqueo temporal al despliegue militar, argumentando que “la determinación del presidente simplemente no se ajusta a los hechos”.
“Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”, escribió Immergut en su fallo.
Aunque Portland ha sufrido ataques aislados contra agentes federales y propiedades, la administración de Trump no ha logrado demostrar “que esos episodios de violencia formen parte de un intento organizado de derrocar al gobierno” que justificara el uso de la fuerza militar, afirmó.
Uno de los asesores clave de Trump, Stephen Miller, calificó la orden de la jueza de “insurrección legal”. En abierto desafío a los gobernadores demócratas, el Administración envió a unos 300 soldados de California a Portland.
El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que los 300 soldados de la Guardia Nacional de California, que están bajo el mando federal desde junio pasado, van rumbo hacia el estado vecino. “Este es un abuso de poder vergonzoso. La Administración Trump ataca sin complejos el propio Estado de derecho y pone en práctica sus peligrosas palabras: ‘ignora las órdenes judiciales’ y trata a los jueces, incluso a los nombrados por él, como oponentes políticos”, dijo Newsom en un comunicado.
“No se trata de seguridad pública, sino de poder”, insistió el gobernador de California, que dijo que llevará nuevamente al Gobierno Trump frente a los tribunales.
Trump perdió una batalla legal por disponer de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California sin la anuencia del Gobierno estatal, en un hecho que no ocurría en Estados Unidos desde hacía 60 años.
Aunque un juez declaró ilegal la disposición, sí permitió que la Casa Blanca mantuviera el poder sobre 300 soldados californianos que aún estaban desplegados cuando se emitió el fallo judicial.
Trump ha amenazado con militarizar los estados demócratas que no le ayudan en su cruzada migratoria.
Cortesía de Página 12
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