La guerra de Donald Trump contra el mundo está impactando ahora en América Latina, de forma inesperada. El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, anunció que sumó a la lista negra de la Casa Blanca a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Por lo que no podrá ingresar a Estados Unidos.
De acuerdo con Rubio la exmandataria y lideresa de la oposición argentina tendría causas legales suficientes que la ligan a actividades ilícitas como actos de corrupción. En el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos se incluyó en la misma lista de indeseables a Julio Miguel de Vido, exministro de Planificación de Argentina.
“Por su participación en importantes casos de corrupción durante el ejercicio de sus cargos públicos. Esta acción hace que CFK, De Vido y sus familiares directos no puedan, en general, ingresar a Estados Unidos”, se lee en el comunicado firmado por el Departamento de Estado.
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“CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”, agrega la comunicación oficial.
Desde luego esto parece un mal auguro para las relaciones entre la actual administración de Donald Trump y otra presidenta de izquierda latinoamericana como Claudia Sheinbaum, sobre quien se ha ejercido presión por supuestos vínculos criminales de su partido Morena con organizaciones del narcotráfico. Al menos así lo han recibido en Palacio Nacional.
Como pudo recoger esta redacción en los pasillos de la sede presidencial, el párrafo siguiente “Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio” se leyó como una advertencia a varios países de la región, no sólo con los que la Casa Blanca mantiene una abierta confrontación (Cuba, Venezuela, Nicaragua) sino incluso con quienes considera sus amigos, entre ellos México.
A principios de marzo, Trump reconoció en entrevista para la revista The Spectator que “recomendará” a la actual fiscal general norteamericana, Pam Bondi, que sean procesados “políticos corruptos” en México que “se beneficiaron” del ingreso de fentanilo a Estados Unidos. Ahora Rubio explicó: “Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno”.
Se trata del corazón del discurso obradorista que irrumpió en el poder presidencial en 2018, luego de décadas de gobiernos de derecha en Los Pinos y ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción. Pese a que oficialmente no se han confirmado carpetas de investigación contra Andrés Manuel López Obrador, 26 personas de su gobierno han sido procesadas por el polémico caso Segalmex, donde se desviaron cerca de 15 mil millones de pesos en seguridad alimentaria mexicana. Y ese solo es uno de varios casos que pesan sobre el expresidente.
Cortesía de La Política Online
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