Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó la “visión distorsionada” del presidente estadounidense Donald Trump sobre la libertad de expresión, que “instrumentaliza”, según esta ONG de defensa del periodismo, como argumento para fijar aranceles punitivos contra Brasil. El gobierno de Trump impuso tarifas aduaneras del 50 por ciento a muchas de las importaciones de Brasil, en parte por lo que considera “políticas inusuales y extraordinarias” del gigante sudamericano contra la libertad de expresión.
Entre los ejemplos citados por la Casa Blanca están varias decisiones de la justicia brasileña contra redes sociales estadounidenses acusadas de difundir desinformación. “Trump compromete el acceso a información confiable al instrumentalizar la agenda de la libertad de expresión”, en contra de Brasil, señaló RSF en un comunicado. “RSF condena esta visión distorsionada del derecho a la libertad de expresión utilizada como pretexto para medidas comerciales punitivas”, afirmó.
Además de las sobretasas a buena parte de las importaciones brasileñas, Washington impuso sanciones financieras al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que el año pasado suspendió temporalmente la red social X en todo Brasil por haberse negado a cumplir órdenes relacionadas con la lucha contra la desinformación. Para RSF, las autoridades brasileñas “buscan llenar el vacío regulatorio que alimenta la difusión de contenidos peligrosos que desinforman deliberadamente a la población y amenazan la democracia”.
A fines de junio la organización internacional había denunciado que fue sometida a “espionaje ilegal” por parte de una estructura clandestina dentro de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), durante la presidencia de Bolsonaro. “Al menos 13 periodistas y tres medios de comunicación también fueron blanco de la ABIN. RSF exige a las autoridades brasileñas que garanticen el acceso a toda la información disponible sobre estos abusos y que todos los implicados rindan cuentas”, señala el comunicado divulgado por RSF.
La organización defensora de la libertad de prensa dijo que supo del espionaje luego de que la Corte Suprema hiciera público un informe de la Policía Federal el pasado 19 de junio. El documento, apunta la ONG, reveló que Reporteros sin Fronteras fue una de las organizaciones monitoreadas “sin ninguna autorización judicial ni base legal” por la denominada ‘Abin paralela’. Según el informe, la estructura clandestina incluyó mensajes internos en los que agentes de inteligencia discutían una campaña de comunicación de RSF sobre Bolsonaro y solicitaban recopilar información sobre las actividades de la organización.
Sin embargo, la organización sostiene que aún se desconocen los detalles completos del alcance de la vigilancia y los datos efectivamente recabados, por lo que presentó una solicitud formal a la Corte Suprema para acceder a los registros involucrados en el espionaje. “No hay justificación posible para que una ONG que defiende la libertad de prensa sea objeto de vigilancia estatal ilegal. Este caso demuestra cómo se socavaron las garantías democráticas para proteger intereses políticos”, declaró el director de RSF para América latina, Artur Romeu.
Cortesía de Página 12
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