El gobierno de Donald Trump se encuentra bajo fuerte vigilancia pública después de que salieran a la luz reportes que señalan que el Pentágono habría ordenado eliminar a todos los ocupantes de una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Mar Caribe durante una operación realizada en septiembre.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó que dichas acciones fueron “ataques letales y cinéticos” y sostuvo que cada procedimiento se efectuó de acuerdo con la legislación estadounidense e internacional, contando con el aval de asesores legales, tanto militares como civiles, en todos los niveles de la cadena de mando.
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De acuerdo con “The Washington Post”, el ataque inicial del 2 de septiembre dejó a dos sobrevivientes aferrados al barco. El diario señala que el almirante Mitch Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales (SOCOM), habría ordenado un segundo ataque para cumplir con las directrices de Hegseth y evitar que los sobrevivientes alertaran a otros traficantes sobre la operación y la carga incautada.
Por su parte, “ABC News” confirmó la existencia de sobrevivientes en el ataque inicial, quienes posteriormente murieron en ataques posteriores, aunque no logró verificar de forma independiente las órdenes específicas de Hegseth o Bradley. En un operativo distinto, otros sobrevivientes fueron rescatados por la Marina y repatriados a Ecuador y Colombia.
Las críticas se han centrado en la legalidad de las operaciones. Expertos legales recuerdan que los Convenios de Ginebra obligan a atender y recoger a combatientes heridos o enfermos en cualquier conflicto. Asimismo, analistas advierten que convertir operaciones de interdicción de drogas en acciones militares letales carece de precedentes y que Estados Unidos debería apoyarse en fuerzas del orden para arrestar a presuntos narcotraficantes, en lugar de recurrir a ataques militares.
En el Congreso, el senador republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed, ambos miembros del Comité de Servicios Armados, solicitaron una supervisión rigurosa para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
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A la fecha, se han llevado a cabo más de 20 ataques aéreos contra buques en el Caribe y el Pacífico oriental, que habrían provocado la muerte de más de 80 personas. Trump y sus asesores sostienen que los barcos atacados estaban vinculados al narcotráfico y que la designación de los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras” legitima el uso de fuerza militar en estos casos.
Mientras tanto, el debate continúa abierto, marcado por tensiones entre la administración, el Congreso y expertos legales, sobre los límites del poder militar estadounidense en operaciones de combate al narcotráfico.
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Cortesía de El Informador
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