El futuro del comercio internacional está en manos de la Suprema Corte. El sistema de libre comercio, inaugurado por los ingleses y perfeccionado por Estados Unidos, se encuentra hoy bajo amenaza de un presidente nacional-populista. En una sesión celebrada ayer, la Suprema Corte de EE.UU. analizó si Trump tiene realmente la facultad legal de imponer medidas arancelarias a sus principales socios comerciales y, en la práctica, a gran parte del mundo. El sentido de su resolución puede tener efectos globales.
Durante la audiencia, el tribunal abordó uno de los casos más emblemáticos de la administración Trump. Las dudas expresadas por el presidente de la Corte, John Roberts, y por los magistrados Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett apuntaron a un cuestionamiento profundo del uso expansivo que el expresidente hizo de la ley de 1977 conocida como IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Con ella, Trump impuso tarifas masivas a China, México y Canadá invocando la “reciprocidad comercial”. Si la Corte determina que la IEEPA no le otorga esa facultad, podría recortar el margen para modificar la política comercial sin autorización del Congreso.
El impacto de esta decisión puede ser monumental. En el frente interno, un fallo adverso a Trump limitaría la discrecionalidad presidencial y devolvería al Congreso la atribución de fijar aranceles a las importaciones. En términos económicos, pondría fin a una herramienta que distorsionó cadenas de suministro, encareció productos y afectó a consumidores. Las tarifas de Trump añadieron cerca de cinco puntos porcentuales al costo promedio de los bienes importados. Su eliminación aliviaría presiones inflacionarias y devolvería cierta normalidad al comercio global.
Pero el significado trasciende lo jurídico. Si EE.UU. no puede utilizar los aranceles como arma diplomática, sus socios comerciales recuperarán margen de maniobra. China respiraría, Europa lo celebraría y México observaría con atención: la decisión llega cuando el calendario apunta hacia 2026, año de revisión del T-MEC. Para nuestro país, que depende en más de 80 % de su comercio exterior con ese país, un freno judicial al proteccionismo norteamericano sería un respiro político y económico.
Si la Corte declara inconstitucionales las tarifas, el Congreso deberá asumir un papel más activo en futuras disputas comerciales, lo que aportaría previsibilidad. México podría negociar con un sistema más institucionalizado, menos sujeto a impulsos o cálculos electorales. Pero si el fallo valida la amplia interpretación presidencial, la asimetría entre ambos países se profundizará: Washington conservaría una palanca capaz de alterar en días las reglas del juego para industrias enteras, del acero a los autos eléctricos.
En el fondo, la Corte no está juzgando solo una política comercial, sino un modelo de poder. El uso de emergencias para expandir la autoridad del presidente se ha vuelto constante en Estados Unidos. Con ello, o se restablece la frontera entre política económica y autoridad excepcional, o se legitima la idea de que cualquier presidente puede usar los aranceles como arma electoral o geopolítica.
Para México, la lección es doble. Por un lado, comprender que la estabilidad del comercio norteamericano depende cada vez más de factores institucionales internos. Por otro, prepararse para un escenario donde la revisión del tratado en 2026 no será una simple actualización técnica, sino un nuevo campo de batalla entre soberanía nacional y proteccionismo estratégico.
La Suprema Corte no definirá por sí sola el futuro del libre comercio, pero sí determinará quién tiene la última palabra para abrir o cerrar las fronteras.
Cortesía de El Economista
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