El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en su tercera semana sin una salida visible. La parálisis, la segunda más larga en la historia, amenaza con extender sus ondas de choque al comercio exterior y con alterar el flujo de mercancías que cada día mueve la economía más grande del mundo.
Estados Unidos canaliza alrededor de 16,000 millones de dólares diarios en importaciones y exportaciones de bienes. México encabeza la lista con más de 15% del total, seguido de Canadá (13%) y China (casi 8%), según datos de la Oficina del Censo.
Las alertas se encienden en puertos, aeropuertos y centros de distribución. Aunque la mayoría de las agencias encargadas del comercio exterior mantiene sus operaciones, Oxford Economics advirtió que un cierre prolongado puede causar cuellos de botella en las cadenas de suministro, sobre todo si crece el ausentismo entre los trabajadores que siguen en funciones sin recibir salario.
Durante el cierre de 2018 y 2019, el más largo hasta ahora, los tiempos de espera en el puerto de Los Ángeles crecieron en hasta 20% y el rezago afectó semanas de operaciones.
En el cierre de este año, que comenzó el 1 de octubre, más de 600,000 empleados federales fueron enviados a casa por falta de fondos, y otros deben continuar sus labores sin pago.
En la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), alrededor de 90% del personal sigue activo, al igual que en la Administración de Seguridad en el Transporte y la Guardia Costera.
Sin embargo, la consultora señala que los retrasos pueden aumentar en cargamentos de productos farmacéuticos, agrícolas o perecederos que requieren revisión adicional por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
UPS Supply Chain señala que el cierre del gobierno estadounidense, que ya lleva tres semanas, está sobrecargando las redes logísticas. La escasez de personal entre los controladores aéreos está causando congestión en los principales aeropuertos, y confirma que los envíos que requieren autorización de otras agencias sufren retrasos crecientes.
Oxford Economics calcula que el impacto general para la economía estadounidense por cada semana de cierre puede restar entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB, una pérdida de entre 7,600 y 15,200 millones de dólares por semana. El golpe se origina en la reducción de horas trabajadas y la falta de compensación a empleados federales.
A diferencia de los episodios anteriores, la incertidumbre política aumenta. La administración pone en duda el pago retroactivo a los empleados suspendidos, lo que agrava el impacto social y financiero. Más de 250,000 trabajadores ya no recibieron su primer cheque y, de continuar el cierre, el número superará los dos millones.
La consultora añade que la disponibilidad de personal en almacenes y centros de distribución puede convertirse en otro foco de tensión si los retrasos generan una acumulación de envíos pendientes que deban procesarse una vez que el gobierno reanude sus operaciones. La firma señala que la presión laboral ya se percibe en los indicadores del sector manufacturero. En agosto, las horas extra semanales totales alcanzaron su nivel más alto desde enero de 2023, una señal de que la capacidad operativa del sector se acerca a su límite.
Operación por agencia
De acuerdo con un análisis de la firma ArentFox Schiff, especializada en servicios legales para sectores corporativos y financieros, la CBP se mantiene operativa con la mayoría de sus empleados exentos. Los despachos, inspecciones y auditorías continúan con normalidad, y los aranceles de la Sección 232 aplicados el 14 de octubre sobre madera y muebles avanzan según lo previsto.
“Sin embargo, los pagos de reembolsos están suspendidos porque el Departamento del Tesoro no puede realizar desembolsos durante el lapso de financiación. Y los importadores también pueden sufrir retrasos en los puertos si las agencias gubernamentales asociadas carecen de personal in situ”.
El Departamento de Comercio otorga prórrogas automáticas de 10 días para la mayoría de las presentaciones, aunque invita a las partes a respetar los plazos vigentes. En contraste, la Comisión de Comercio Internacional interrumpió sus actividades, pospuso audiencias y suspendió la atención al público, aunque mantiene disponibles sus herramientas de búsqueda del Arancel Armonizado y la base de datos DataWeb.
La Oficina del Representante Comercial (USTR) continúa sus negociaciones en materia de seguridad nacional y comercio, además de los programas del T-MEC financiados con presupuestos plurianuales. En el área de control de exportaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros conserva su portal de licencias, pero solo revisa solicitudes con excepciones prioritarias, como las que garanticen la protección de la vida humana o la seguridad de bienes. El resto permanecerá en pausa hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto.
El Sistema de Control y Cumplimiento de Exportaciones de Defensa no admite nuevas solicitudes ni actualizaciones. La Oficina de Industria y Seguridad prioriza las licencias vinculadas con operaciones militares o de seguridad nacional.
“Si bien el comercio sigue (en gran medida) en movimiento, no es inmune. Con los reembolsos suspendidos y los plazos de presentación de solicitudes en constante cambio, las empresas deben seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y mantener abiertas las vías de comunicación con las agencias. Cuanto más se prolongue el cierre, mayor será el riesgo de interrupciones, retrasos y la necesidad de planes de contingencia”, indica. ArentFox Schiff..
Cortesía de Expansión
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