Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por University of Mount Union en Ohio, USA y por la Universidad de las Américas, A.C, según refiere su propio perfil publicado en la plataforma oficial de la Fiscalía General de la República.
Hasta este jueves, a sus 86 años, fungió como Fiscal General de la República (FGR), luego de haber sido elegido el 18 de enero de 2019, por el Senado de la República, como el primer Fiscal General tras la transformación institucional que convirtió a la antigua Procuraduría (PGR) en una Fiscalía Autónoma, durante el inicio de la gestión del hoy expresidente, Andrés Manuel López Obrador. Se tenía previsto que permaneciera en el cargo nueve años, es decir, hasta 2028.
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Inició su carrera como agente del Ministerio Público Federal en la década de 1970, y desde entonces ha ocupado diversos cargos públicos: fue secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), procurador federal de la defensa del trabajo, Oficial Mayor de la antigua PGR, primer Coordinador Nacional de la campaña contra el narcotráfico, entre otros.
Dentro de los cargos que ha desempeñado en materia de seguridad pública, Gertz Manero fungió como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y, posteriormente, primer secretario de Seguridad Pública federal bajo la presidencia de Vicente Fox (2000–2004), mientras que, en el ámbito legislativo, fue diputado federal de 2009 a 2012 por el partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, desempeñándose como presidente de la Comisión de Marina.
Su perfil en la plataforma de la FGR también refiere que Alejandro Gertz ha sido catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México; fue Catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad de las Américas A.C (UDLA), se desempeñó como secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
De acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, como titular de esta dependencia federal sus funciones eran las de dirigir y coordinar la política de la institución, investigar y perseguir delitos federales, y procurar justicia eficaz. Esto incluye la investigación de hechos delictivos, la representación de la sociedad en juicios, la promoción y protección de los derechos de las víctimas, y la prevención del delito.
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Una gestión llena de señalamientos
Sin embargo, durante su gestión, Alejandro Gertz Manero fue frecuentemente señalado sobre tres frentes principales: opacidad patrimonial, uso político y personal de la Fiscalía y bajo rendimiento en la judicialización de carpetas.
Investigaciones de organizaciones civiles y periodísticas han referido que Gertz es titular de inmuebles valuados en millones de euros en España, supuestamente controlados a través de sociedades, además de que se ha rehusado a hacer pública su declaración patrimonial.
También se han señalado casos en los que la FGR, bajo su mando, actuó en asuntos que involucraban a allegados o adversarios políticos, y han documentado denuncias presentadas contra su entorno por supuestas redes de influencia. En 2022–2023 se reportaron denuncias públicas sobre tráfico de influencias y decisiones procesales “con conflictos de interés”, como en el caso de su cuñada, Alejandra Cuevas.
Se le llagó a señalar por presuntamente favorecer en casos como la rápida exoneración del general Salvador Cienfuegos y las denuncias de conflicto de interés en el caso de la Universidad de las Américas (UDLA), así como por intervenir en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
En su gestión también habría heredado casos clave para la administración pública, como “La Estafa Maestra” o el caso Odebretch, sin embargo, las indagatorias seguidas por la dependencia federal no lograron recuperar los recursos perdidos en estos fraudes millonarios.
Mexicanos Contra la Corrupción también lo criticó severamente al referir que solo una fracción mínima de las carpetas de investigaciones iniciadas por la FGR bajo su gestión avanza a la etapa judicial (reportes que señalan cifras cercanas al 4% en ciertos periodos), y que millones de expedientes permanecen en investigación o en rezago, lo que cuestiona la efectividad institucional bajo su conducción.
Entre sus más recientes críticas se encontró la relacionada con el Hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde no solo afirmó que en el sitio no había rastros de hornos crematorios como lo habían referido las familias integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, además de que, desde la FGR, organizó una visita al rancho en la cual se suponía, se analizarían las escenas del sitio, pero terminó siendo “un paseo a manera de museo del horror”, sin organización ni conducción, que terminó por revictimizar a las familias buscadoras, según lo documentaron los colectivos y organizaciones en favor de los derechos humanos.
NA
Cortesía de El Informador
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