En marzo de 2014, Juan Antonio Barrera Badillo solicitó su Firma Electrónica (e.firma) ante el SAT para un trabajo prometedor. Todo parecía ir bien, hasta que una salida con su entonces novia, Claudia Olivia, lo cambió todo.
Después de comer juntos en Tultitlán, Estado de México, Juan Antonio olvidó una carpeta en el auto de Claudia. Un simple descuido, pero esa carpeta contenía su firma electrónica, contraseñas, datos bancarios y otros documentos sensibles.
Durante semanas, trató de recuperarla, pero Claudia lo ignoró. La oferta laboral nunca se concretó y, confiando en ella, dejó de insistir.
Lo que jamás imaginó fue que cuatro años después, ya terminada su relación, descubriría el fraude: Claudia Olivia había usado su información para cobrar más de 500 mil pesos a su nombre.
“Me enteré en 2018 cuando el SAT me notificó que tenía adeudos fiscales. Fueron tres avisos: marzo, septiembre y octubre”, relató Juan Antonio.
Su contadora encontró la clave: Claudia facturó 28 pagos desde la empresa RIVSA, donde trabajaba como vendedora. El fraude comenzó días después de aquella cita en 2014 y terminó en 2018, apenas tres meses antes de que finalizaran su noviazgo.
Al confrontarla, Claudia, junto con el dueño y la contadora de RIVSA, aceptó haber falsificado firmas y emitido cheques. Se comprometieron a pagar los impuestos, pero todo quedó en palabras.
En 2019, Juan Antonio la denunció por usurpación de identidad. En 2022, también denunció a RIVSA por evasión fiscal. Pero la justicia no ha estado de su lado.
La Fiscalía General del Estado de México apenas judicializó el caso en 2024, mientras que la denuncia federal sigue en etapa inicial. A esto se suma un juez que ha diferido la audiencia ocho veces y un Ministerio Público que solo presenta pruebas que el propio Juan Antonio ha recabado.
“Claudia ha cambiado de abogado cinco veces, o dice que choca, o que está enferma. El juez dice que no puede avanzar porque está en indefensión. Para mí, es una burla”, denuncia Juan Antonio.
Mientras la siguiente audiencia está programada para enero de 2025, su vida no ha vuelto a la normalidad: perdió su empleo formal y ahora trabaja como ayudante en un taller de aluminio.
Una historia donde un pequeño olvido se convirtió en un calvario de años, y la justicia sigue sin llegar.
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Cortesía de El Contribuyente
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