“Solo puede haber tolerancia cero para la corrupción, trabajo en equipo claro para exponer la corrupción y, como resultado, una sentencia justa”.
La expresión con la que el pasado 2 de agosto, Volodimir Zelenski saludó el descubrimiento de una red de corrupción en la compra de drones para su uso en la guerra contra Rusia podría resultar inequívoca sobre los esfuerzos llevados adelante por el gobierno de Ucrania para combatir la corrupción enquistada en el Estado a nivel estructural. Sin embargo, la realidad sería muy distinta.
Con su anuncio, el Ejecutivo intentó construir todo un acontecimiento político para, de ese modo, dejar atrás la torpe iniciativa legal con la que, por pocos días, situó bajo su control directo a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), dos entidades hasta ese momento autónomas, aunque promovidas directamente por la Unión Europea y por el FMI luego del derrocamiento del presidente pro ruso Víktor Yanukóvich en febrero de 2014, en aquel proceso delineado por las potencias occidentales del Euromaidán.
Las denuncias sin fundamentos de que ambas entidades habían sido cooptadas por Rusia y de que resultaba imprescindible su revisión y posterior sujeción al poder político solo profundizaron el malestar interno contra el gobierno, como lo demostraron las protestas que desde el 22 de julio se sucedieron en todo el país, y en las que por primera vez la ciudadanía evidenció su hartazgo frente al creciente autoritarismo del presidente, en medio de una guerra, al parecer, sin límite de tiempo.
Pero fue el rechazo explícito por parte del FMI, la entidad financiera de la que mayormente depende la economía ucraniana, y la posibilidad concreta de abortar cualquier intento de vinculación al bloque europeo lo que terminaría por conformar un escenario internacional explosivo para la debilitada administración de Zelenski.
Frente a la fatal combinación de impericia y falta de libertades, el gobierno debió recular y, más aún, sobreactuar la aprobación de dos oficinas que, más allá de la lucha contra la corrupción, hoy resultan centrales para el sostenimiento político (y, sobre todo, económico) de una Ucrania cada vez más dependiente de los intereses occidentales. El anuncio de la compra con sobreprecios de un conjunto de drones fue el medio utilizado por Zelenski para, implícitamente, reconocer su error.
Desde el inicio de la guerra abierta con Rusia, en febrero de 2022, NABU y SAPO cobraron un relieve particular al multiplicarse los casos comprobados de corrupción en el seno del gobierno, en un contexto en el que a Kiev comenzaron a afluir de manera regular, y sin control, miles de millones de dólares y euros para la compra de todo tipo de recursos militares y para la realización de obras de infraestructura en escuelas, hospitales y carreteras afectadas por el conflicto.
En 2023, el presidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Knyaziev, fue arrestado por aceptar un soborno y el viceministro de Defensa, Viacheslav Shapovalov, dimitió y fue procesado por pagar 300 millones de euros de más por alimentos militares respecto a los precios del mercado.
También en 2023 el ministro interino de Desarrollo Regional, Vasyl Lozynskyi, fue arrestado por aceptar un soborno de 400 mil dólares en tanto que Igor Kolomoisky, un exaliado de Zelenski, fue arrestado por lavado de dinero y fraude por un monto de 250 millones de dólares.
En 2024, el ministro de Política Agraria, Mykola Solskyi, fue acusado de apropiación ilegal de tierras estatales valoradas en siete millones de dólares, mientras que en 2025 Andrii Smirnov, ex subdirector de la Administración Presidencial, fue señalado por sobornos y lavado de dinero.
Se trata apenas de una muestra mínima de un amplio listado de varias decenas de altos funcionarios, parlamentarios, gobernadores y oficiales del ejército que fueron destituidos y acusados tras investigaciones y escándalos. Algunas estimaciones indican que la corrupción descubierta desde el inicio de la guerra contra Rusia superó varios miles de millones de dólares.
Últimamente, el poder de fuego de las oficinas anticorrupción de Ucrania no sólo no disminuyó, sino que incluso llegó a poner en la mira a algunas personas del círculo íntimo de Zelenski. Demasiado para un gobernante que, si en un principio logró capitalizar a su favor los anuncios de NABU y SAPO, hoy en cambio se siente amenazado frente a su nivel de autonomía, y que estaría intentado proteger a, al menos, tres figuras muy cercanas y de estrecho contacto.
En primer lugar, se encuentra el ex viceprimer ministro y ex ministro de Unidad Nacional, Oleksiy Chernyshov, considerado durante mucho tiempo un confidente cercano de Zelenski: en 2021, fue el único miembro del gabinete invitado a la fiesta de cumpleaños del presidente durante las restricciones por la pandemia. A pesar de las acusaciones, no fue destituido. El pasado 23 de junio fue formalmente acusado de abuso de poder y de aceptar sobornos entre 2020 y 2022. Se mantuvo en su puesto hasta el 16 de julio y, aunque está bajo investigación, hoy está libre por el pago de una fianza de casi de 3 millones de dólares solventado por un grupo de empresarios amigos.
En 2023, el jefe adjunto de la Oficina del Presidente, Rostyslav Shurma, originó una pesquisa cuando trascendió que su entorno había recibido 9 millones de dólares en fondos estatales para el mantenimiento de paneles solares en territorios ocupados por Rusia, infraestructura que ya no está conectada a la red eléctrica de Ucrania. Shurma permaneció en el cargo hasta 2024, trasladándose luego a Alemania. Una requisa policial en su residencia en las afueras de Münich el 15 de julio alertó a Kiev sobre la posibilidad de que su caso se convirtiera en un escándalo internacional.
Finalmente, a Timur Mindich, copropietario de la productora Kvartal 95, socio comercial y amigo íntimo de Zelenski de toda la vida, se le acusa formalmente de malversar 16 millones de dólares. No ocupa ningún cargo estatal pero su influencia en la toma de decisiones es cada vez más amplia. Según distintos testimonios, es el principal testaferro del presidente (de hecho, es conocido como “La cartera de Zelenski”). Sus empresas se ramifican en medios de comunicación, energéticas y en la industria de la defensa local, lo que le ha permitido obtener ventajosos contratos con el Estado. En junio, la NABU solicitó el arresto de un primo de Mindich: fue poco antes de que el principal oligarca de Ucrania decidiera exiliarse en Austria.
Las ambigüedades frente a la declamada lucha contra la corrupción, sumado a la falta de garantías constitucionales y a la negativa a convocar a nuevas elecciones presidenciales en el contexto de una guerra sin fin, hoy estarían debilitando el interés de las potencias europeas por mantener a Zelenski en su puesto presidencial.
Distintas versiones refieren a que un conjunto de encumbrados dirigentes, entre los que se destacan el principal asesor del régimen, Andrey Yermak, el jefe de inteligencia militar, Kirill Budanov, y el ex jefe militar y actual embajador en Reino Unido, Valery Zaluzhni, estarían evaluando la posibilidad de promover la salida del mandatario del poder. En el fondo, temen que su permanencia al frente del Ejecutivo dificulte las buenas relaciones con Occidente y, sobre todo, que entorpezca la multimillonaria e inacabable provisión de armamentos en la guerra contra Rusia.
Y no son pocos quienes sospechan que la fallida iniciativa contra las entidades anticorrupción podría haber sido deliberadamente provocada para, de ese modo, acelerar un definitivo cambio de poder en Ucrania.
Cortesía de Página 12
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