Por fin, parece que el Poder Legislativo se ocupa de una ley antimonopolios. Nunca me he cansado de decir que la política de competencia es una política izquierda, pues su fin es proteger la libertad de las pequeñas empresas y los consumidores, frente al abuso del poder, de acuerdo a la Escuela de Friburgo, a la que me adhiero.
Es discutible si en un régimen de izquierdas puede haber espacio para una ley de la materia. En un estado totalitario por supuesto que no; el Estado produce, distribuye, cobra. El régimen chino es la excepción a la regla, pues si bien es un Estado totalitario, posee más bien un capitalismo de Estado, y también cuenta con una ley de competencia.
En el periodo neoliberal, México dispuso de una ley de competencia desde 1992, y desde 1993, de la agencia encargada de aplicarla, la Comisión Federal de Competencia, más adelante, la Comisión Federal de Competencia Económica. Tras sucesivas reformas, la Comisión fue adquiriendo más dientes, y en el periodo de Peña Nieto la elevó al grado de otorgarle autonomía constitucional (la que no suelen tener la mayor parte de los organismos antimonopolios del mundo) con la reforma constitucional de 2014 y su ley correspondiente. Durante el periodo, lo más relevante fue la designación de Alejandra Palacios como su primera presidenta, que además de tomar algunas decisiones valientes, puso los fundamentos de la COFECE, sobre parte de los cuales funcionará la nueva Comisión Antimonopolios.
Ahora que se han ido poniendo los fundamentos de la Cuarta Transformación, quedan algunas reformas pendientes, y una de ellas, es otorgar al país una ley de competencia de izquierda.
Una economía mixta, como la mexicana, es un sistema económico que combina elementos del capitalismo y el socialismo, donde tanto el sector privado como el público participan en la toma de decisiones económicas. En este modelo, el mercado es la base principal para la asignación de recursos, pero el gobierno también juega un papel importante a través de la regulación, la provisión de bienes y servicios públicos, y la redistribución de la riqueza.
Características principales:
Propiedad mixta:
Tanto la propiedad privada como la pública coexisten.
Libre mercado con intervención estatal:
Se permite la iniciativa privada, pero el gobierno interviene para corregir fallas del mercado y promover el bienestar social.
Regulación y planificación:
El gobierno establece regulaciones para proteger a los consumidores, el medio ambiente, y garantizar la competencia leal.
Bienes y servicios públicos:
El Estado provee bienes y servicios esenciales como educación, salud, infraestructura, etc.
Redistribución de la riqueza:
Se utilizan políticas fiscales y sociales para reducir las desigualdades económicas.
Ventajas
Mayor eficiencia:
La competencia del mercado impulsa la eficiencia, innovación y adaptación a las necesidades del consumidor.
Mayor equidad:
La intervención estatal puede ayudar a reducir las desigualdades sociales y garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos.
Mayor estabilidad:
El gobierno puede estabilizar la economía en momentos de crisis y prevenir desequilibrios.
Flexibilidad:
Permite adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Desventajas
Riesgo de ineficiencia:
La intervención estatal excesiva puede obstaculizar la eficiencia del mercado y la innovación.
Posibles problemas de burocracia:
La regulación gubernamental puede ser compleja y lenta.
Riesgo de corrupción:
La intervención del gobierno puede generar oportunidades para la corrupción.
Desafíos en la distribución de la riqueza:
Encontrar el equilibrio adecuado entre eficiencia y equidad puede ser difícil.
Ejemplos de economías mixtas:
Muchos países desarrollados, como Francia, Alemania, Canadá y Japón, operan bajo sistemas de economía mixta. México también se considera una economía mixta, donde el sector privado y el gobierno interactúan en la economía.
La nueva Ley toma algunos elementos de este viraje hacia la izquierda, que como he señalado, es propia de un gobierno de izquierda, aunque parece lo contrario. Con la disminución de los plazos de investigación, el aumento hasta el doble en las multas a los agentes económicos que infringen la Ley y el aumento del espectro de fusiones y adquisiciones que necesitan ser aprobadas por este nuevo órgano, el gobierno de la 4T pone su sello.
Habrá que esperar a la versión final del Legislativo, junto con la designación de sus directivos, para que se vaya delineando el órgano antimonopolios del segundo piso de la 4T. Se agradece en la Ley que no se abusa de los controles de precios, y hay un apartado que exime a las empresas que realizan actividades estratégicas de su ámbito de aplicación, aspecto que debería ser retocado. Las empresas públicas también deben ser eficientes y no abusar de su poder de mercado, también en los otros países de economía mixta.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: