La sucesión de protestas ambientales y sociales que sacude Túnez desde hace un mes cuestiona el poder autocrático del presidente Kais Said, en el cargo desde 2019 y reelegido el año pasado tras haber clausurado el Parlamento en 2021. El deterioro de los servicios públicos y la crisis económica en la que está sumido el país magrebí, donde el salario mínimo se sitúa en los 450 dinares (unos 130 euros), están detrás de la mayor oleada de malestar ciudadano registrada desde la llegada al poder de Said, que ha pilotado la demolición del sistema multipartidista surgido en 2011 en el primer estallido de la Primavera Árabe.
Tras la huelga en el sector del transporte y la más reciente de empleados de banca, las movilizaciones de médicos y periodistas recorrieron la semana pasada las calles de la capital tunecina. El sábado, miles de personas se manifestaron en Túnez para arremeter contra las políticas de Said. El presidente achaca sistemáticamente las expresiones de descontento a una conspiración extranjera dirigida a socavar el Estado mediante crisis ficticias.
Las masivas protestas contra la contaminación en la región costera de Gabes (sureste) han sido las que han sacudido con más intensidad los cimientos del régimen. El mes pasado, decenas de miles de personas se echaron a la calle en una huelga general contra las intoxicaciones causadas por la industria química.
En septiembre, más de 200 personas, en su mayoría menores en edad escolar, tuvieron que ser atendidas en centros sanitarios de la zona con problemas respiratorios. Hasta 120 fueron hospitalizadas con síntomas de asfixia por las emanaciones de gases tóxicos procedentes del complejo de la empresa pública Groupe Chimique Tunisiene (GCT).
Los manifestantes de Gabes (400.000 habitantes) reclamaban la paralización de las actividades de la planta. Abierto hace más de 50 años para la producción de fertilizantes —mediante el procesamiento de los fosfatos extraídos de las minas de Gafsa, cerca de la frontera con Argelia— la contaminación generada por el complejo de CGT (que da empleo directo a unas 4.000 personas) ha arruinado una región agrícola y pesquera que hoy registra una tasa desempleo cercana al 25%.
El presidente Said se apresuró a calificar de “asesinato ambiental” la política industrial del último medio siglo y despachó una comisión gubernamental para escuchar las quejas de los ciudadanos de Gabes, a quienes en 2017 ya se les prometió la desaparición de las industrias contaminantes. Varias organizaciones de la sociedad civil le respondieron con una denuncia ante la justicia para exigir el cierre de la planta de CGT tras escuchar las explicaciones oficiales.
Los fertilizantes aportan cera de un 5% del producto interior bruto (PIB) tunecino y representan un 10% de sus exportaciones. El Gobierno ya había anunciado en marzo planes para multiplicar por cinco la producción de fertilizantes antes de 2030. En lugar de estudiar el desmantelamiento de las instalaciones de Gabes, el Ejecutivo presidido por Said plantea reactivar seis proyectos químicos en la misma zona ―en principio con una tecnología que limita la emisión de gases tóxicos a la atmósfera―, por un importe próximo a 60 millones de euros al cambio.
No se vislumbra una salida inmediata al conflicto. Por tercera vez en un mes, un tribunal de Gabes volvió a aplazar el jueves el procedimiento judicial, calificado de urgente, sobre la paralización de la actividad de la planta química instada por asociaciones ciudadanas. La nueva vista ha sido fijada para el 4 de diciembre, según informa la agencia Efe.
“Narrativa oficial desmontada”
Un analista político, que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar un nuevo proceso penal en su contra, recalca en un intercambio de mensajes con EL PAÍS que “el régimen intenta buscar soluciones en el caso de la contaminación, pero no lo consigue porque se trata de un problema estructural con más 50 años de antigüedad”.
“Pero tampoco puede acceder a la reivindicación de los ciudadanos de cerrar la planta química”, advierte, “ya que se privaría al Estadio de unos ingresos esenciales”. Para esta misma fuente, las protestas de Gabes “han desmontado la narrativa oficial de un régimen que dice responder ante todo a las necesidades del pueblo”. “Por ahora, solo se ha creado una comisión de estudio mientras se sigue esgrimiendo la teoría de la conspiración extranjera contra el país, sin ofrecer una respuesta seria al problema”, puntualiza.
Cientos de periodistas se concentraron el jueves en la capital de Túnez para reclamar que se respete la libertad de expresión tras el procesamiento y encarcelamiento de varios reporteros, informa Efe. Los manifestantes rechazaban el retraso en la entrega de las acreditaciones que habilitan para el ejercicio de la profesión a informadores locales y extranjeros. Están sujetas a la supervisión del Ministerio de Comunicación, donde, según el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, se atascan en medio de “irracionalidades administrativas”. En las últimas elecciones presidenciales, EL PAÍS solo recibió silencio a su petición credencial de prensa.
En otro frente de protestas, miles de médicos secundaron una huelga el miércoles para reclamar una subida salarial y denunciar el deterioro del sistema de salud, el obsoleto material sanitario y la carencia de medicamentos, informa la agencia Reuters. Los médicos más jóvenes aseguran que esta situación está impulsando el éxodo de profesionales hacia hospitales de Europa y Oriente Próximo.
Oposición acorralada
El Gobierno apenas tiene ya quien le cuestione. Un tribunal antiterrorista impuso en abril la mayor condena dictada en Túnez contra la oposición desde el fin de la dictadura del presidente Zin el Abidín Ben Alí en 2011. Cuatro decenas de dirigentes de partidos, ex altos cargos, intelectuales y empresarios fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 13 y los 66 años de cárcel, acusados de “conspirar contra la seguridad del Estado”. Son figuras de distintas corrientes políticas ―conservadores y progresistas, laicos e islamistas―, aunque con el denominador común de haberse opuesto a la deriva autoritaria del presidente Said.
Un mes antes ya había sido juzgado el líder histórico islamista Rachid Ganuchi, de 83 años, fundador del partido Ennahda, el más votado (40,7%) en las elecciones legislativas de 2019, las últimas a las que pudo presentarse antes de su prohibición. Ganuchi fue condenado a 22 años de cárcel, que se sumaban los 10 años de prisión acumulados en dos juicios anteriores y por los que se halla entre rejas desde 2023.
“El país es una olla a presión”
Varios de los encausados se encontraban entonces encarcelados dos años después de su detención. Otros fueron juzgados en rebeldía tras haber huido del país. Entre los primeros figuraba el socialdemócrata Jayam Turki Zaragoza, condenado a 48 años de prisión, quien cuenta con pasaporte español como hijo de una exilada republicana tras la Guerra Civil española. Una fuente cercana a su defensa legal precisó este viernes que la vista en apelación del recurso contra su sentencia, que estaba prevista para el jueves, se ha aplazado una semana “ante el creciente clima de protestas sociales”. “El país es ahora una olla a presión”, asegura la fuente del entorno de la defensa jurídica de Turki.
En otro mensaje, el citado analista político que se expresa bajo condición de anonimato por temor a sufrir represalias, considera, no obstante, que en Túnez “sigue habiendo adhesión popular al régimen y Said sigue contando con la confianza de sectores de la población tras la estigmatización de la clase política tradicional”. “Esto juega en su favor”, precisa, “ya que por el momento no hay una alternativa real de poder”.
En la masiva protesta del sábado, una de las mayores registradas en Túnez bajo el mandato de Said, los manifestantes mostraron pancartas en las que se leía “No es mi presidente” y expresaron su solidaridad con los afectados por la contaminación en Gabes. También exigieron la libertad de los “presos de conciencia”.
Said fue elegido hace seis años con la esperanza de que pusiera fin al desgobierno político y económico reinante en medio de la sobresaltada transición del país magrebí. Pero en 2021 disolvió el Parlamento, en lo que fue denunciado como “autogolpe” denunciado por la mayoría de los partidos, y un año después reformó la Constitución para concentrar en su mano los poderes clave del Estado.
“Finalmente, las protestas están resquebrajando su imagen, construida por la propaganda oficial de Said, de un presidente que responde por encima de todo a la voluntad del pueblo”, concluye el analista político tunecino. Como reflejo del creciente desapego ciudadano hacia su figura, los últimos comicios parlamentarios en Túnez, celebrados de 2023, dejaron los colegios electorales vacíos, con una abstención de casi el 90%.
Hace un año, los votantes dieron la espalda a la reelección de Said y un 72% de los censados mostró su desinterés por un sufragio en el que los principales aspirantes de la oposición estaban en la cárcel o habían visto vetada su candidatura. En 2014, los primeros comicios democráticos tras las revueltas fundacionales de la Primavera Árabe que derrocaron al dictador Zin el Abidín Ben Alí registraron una abstención del 37%.
Para afianzarse en el poder, Said ha emprendido una política de mano dura con los miles de migrantes irregulares subsaharianos que tratan de alcanzar desde Túnez las costas europeas. En contrapartida, ha negociado un acuerdo con la Unión Europea, clave para frenar la llegada de pateras en el Mediterráneo central, por el que aspira a recibir hasta 1.000 millones de euros en forma de ayuda al desarrollo del país magrebí.
Cortesía de El País
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