Más de un centenar de universidades y entidades educativas de Estados Unidos, entre ellas Harvard, Yale y Princeton, condenaron públicamente este martes la “interferencia política” del presidente, Donald Trump, y su administración en el sistema de educación superior del país. A través de una carta conjunta, las instituciones denunciaron presiones gubernamentales inéditas que amenazan la libertad académica y el futuro de la investigación científica en el país.
La declaración se conoció un día después de que Harvard demandara al gobierno federal por amenazar con recortar beneficios fiscales, restringir visados estudiantiles y vigilar ideológicamente a estudiantes y profesores. La semana anterior, la administración republicana había congelado 2.200 millones de dólares en fondos públicos, acusando a la universidad de permitir “comportamientos antisemitas“.
Defensa colectiva
“Nos expresamos con una sola voz contra la injerencia gubernamental sin precedentes que pone en peligro la educación superior en Estados Unidos”, señala el comunicado, firmado por más de 170 líderes académicos. Entre las universidades firmantes figuran la American University, el Vassar College, la Universidad de Boston, la Universidad de San Diego, Rutgers, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Westminster.
“Estamos abiertos a reformas constructivas y no nos oponemos a la supervisión legítima del gobierno. Sin embargo, debemos oponernos a la intrusión indebida del gobierno en la vida de quienes estudian, viven y trabajan en nuestros campus”, precisa la nota, en la que representantes de la comunidad educativa estadounidense llaman a “rechazar el uso coercitivo de los fondos públicos para la investigación”.
El texto advierte que “limitar las libertades que definen a la educación superior estadounidense tendrá un costo alto para nuestros estudiantes y para la sociedad”. Y cierra con un llamado al diálogo: “Por nuestros estudiantes presentes y futuros, y por todos los que trabajan y se benefician de nuestras instituciones, pedimos un compromiso constructivo que fortalezca nuestras universidades y sirva al país”.
Las instituciones también defendieron su autonomía para definir criterios de admisión, planes de estudio y prioridades en investigación. “La libertad académica no es un privilegio, es un principio constitucional“, remarcaron.
“Las instituciones estadounidenses de educación superior comparten la libertad esencial de determinar, con base académica, a quién admitir, qué se enseña, cómo y quién lo imparte”, subraya. Además, la comunidad educativa superior coincidió en reafirmar su compromiso con ser espacios de investigación abierta donde estudiantes, docentes y personal puedan intercambiar ideas y opiniones “sin temor a represalias, censura o deportación“.
Pese al rechazo colectivo, algunas universidades, como la de Columbia, cedieron a las presiones de la administración Trump, que sostiene que la élite educativa tiene un “sesgo izquierdista“, aunque su cumplimiento no la eximió de los recortes anunciados por el Gobierno. El presidente ha intentado someter a varias instituciones de renombre, acusándolas de tolerar el antisemitismo, y ha amenazado con recortar sus presupuestos, retirarles beneficios fiscales y restringir la matrícula de estudiantes extranjeros.
La demanda de Harvard
El lunes, Harvard presentó una demanda judicial contra el gobierno de Trump por la congelación de fondos federales que, según argumenta la universidad, responde a una “acción ilegal motivada políticamente“.
La universidad se negó a cumplir las exigencias del Grupo de Trabajo Federal contra el Antisemitismo, que incluían desmantelar programas de diversidad (DEI) y vigilar la ideología de los estudiantes internacionales. “Ningún gobierno, sea del partido que sea, debe decirle a una universidad privada qué enseñar, a quién admitir o qué investigar”, expresó la institución.
La universidad argumenta que “el intento del Gobierno de coaccionar y controlar a Harvard” mediante presiones financieras contradice los principios constitucionales y las leyes federales del país. En la demanda, Harvard acusa a varios funcionarios del gobierno, entre ellos al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y a la secretaria de Educación, Linda McMahon, de violar la Primera Enmienda al cortar la financiación.
El presidente de la universidad, Alan Garber, advirtió que “las consecuencias de la extralimitación del Gobierno serán graves y duraderas“, afectando investigaciones clave en áreas como el cáncer, el alzhéimer, el párkinson o la esclerosis múltiple. “Como judío y estadounidense, sé muy bien que existe una preocupación válida por el aumento del antisemitismo. Para abordarlo eficazmente se requiere comprensión, intención y vigilancia. Harvard se toma ese trabajo en serio“, afirmó Garber en una carta abierta a la comunidad universitaria, en la que acusó al Gobierno de usar el antisemitismo para justificar “una acción ilegal“.
Presión financiera
La demanda profundiza el conflicto entre la Casa Blanca y la institución, que el pasado 14 de abril rechazó las condiciones impuestas por el gobierno para evitar el recorte de fondos, entre ellas el fin de los programas de diversidad y la supervisión ideológica de sus miembros. Como represalia, la administración Trump congeló fondos por 2.200 millones de dólares y amenazó con quitar a Harvard su estatus de exención impositiva.
Además de la congelación, el Departamento de Seguridad Nacional canceló una ayuda adicional de 2.700 millones y exigió la creación de un registro de “actividades ilegales y violentas” realizadas por estudiantes extranjeros. Según informó el The Wall Street Journal, el gobierno planea recortar otros 1.000 millones destinados a investigación en salud.
Incluso antes del conflicto con Harvard, ya se hablaba de la posibilidad de suprimir hasta 8.700 millones de dólares en fondos federales, no solo a esta institución, sino también a hospitales y centros oncológicos vinculados, lo que demuestra el “carácter arbitrario y caprichoso de la decisión abrupta e indiscriminada” del gobierno de Trump, según señala la demanda.
La embestida no se limita a Harvard. La administración Trump apuntó contra al menos 60 universidades, acusándolas de mantener una postura “excesivamente izquierdista”, e impulsó una investigación en el Congreso por supuestas violaciones a la ley de derechos civiles. “El dilema que enfrentan nuestras universidades es claro: permitir que el gobierno microgestione la vida académica o arriesgarse a perder el apoyo necesario para seguir avanzando en ciencia, medicina y conocimiento”, alertaron los abogados de Harvard en la demanda.
En paralelo, el Departamento de Educación anunció que desde el 5 de mayo reanudará la cobranza forzosa de préstamos estudiantiles en mora, mediante la retención de devoluciones de impuestos y otros beneficios estatales. Más de cinco millones de personas podrían verse afectadas.
Desde el gobierno, McMahon justificó la medida asegurando que “los contribuyentes ya no deben financiar políticas irresponsables de préstamos estudiantiles”. Harvard, por su parte, respondió de forma contundente: “No renunciaremos ni a nuestra independencia ni a los derechos que nos garantiza la Constitución“, zanjó Garber.
Cortesía de Página 12
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