En el último año y medio, al menos 13 personas fueron asesinadas por denunciar extorsiones o por negarse a pagar derecho de piso a grupos del crimen organizado en el país.
Además de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien fue asesinado este pasado lunes en Michoacán, están documentados al menos 12 casos más de empresarios, comerciantes y hasta taxistas.
Expertos coincidieron en que denunciar la extorsión en algunas regiones de México convierte a los ciudadanos en blanco para la delincuencia organizada, lejos de coadyuvar en las investigaciones para reducir este delito.
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El 10 de julio de 2024, Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional la Industria Pesquera en el estado de Baja California, fue asesinada a tiros en la ciudad portuaria de Ensenada. Un día antes había denunciado casos de pesca ilegal y extorsiones de cárteles de la droga en el estado de Baja California.
El 30 de julio de 2024 también fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco), en Matamoros, Tamaulipas. Almanza Armas había hecho declaraciones sobre la situación en Nuevo Laredo, donde se han cerrado numerosas tiendas Oxxo y gasolinerías debido a la extorsión por parte de la delincuencia organizada. Días después, el empresario fue atacado por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones.
Pero la extorsión no sólo ha golpeado a empresarios y líderes de organizaciones, también al pequeño comercio. El 8 de noviembre se registró un asesinato en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en contra de César “N”, un carnicero que tenía su local en el Mercado 2 de Abril, en la colonia Guerrero. De acuerdo con las investigaciones, el hombre de 40 años habría sido ultimado por haberse negado a realizar el pago de una extorsión.
En 2025, el primer caso documentado ocurrió el 22 de febrero, cuando Gael “N” recibió ocho disparos mientras instalaba su puesto de carnitas en calles del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. De acuerdo con familiares, el comerciante ya había denunciado amenazas por extorsión.
Desde 2019, año en que comenzó a gobernar la autodenominada 4T a nivel federal, el delito de extorsión ha aumentado 21.3%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública (SESNSP) hasta concluir agosto pasado.
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Según los datos del SESNSP, en ese año la extorsión se encontraba en 24.61% en el rubro de delitos de alto impacto en el país. Para el cierre de agosto de 2025, ese delito cerró en 29.84%.
Otras víctimas de extorsión que fueron asesinadas por negarse a pagar fueron Julio Luna, dueño de Tacos del Julio, asesinado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; había presentado denuncias por dicho delito ante la fiscalía local; cuatro empresarios fueron asesinados entre marzo y abril de este año en Tuxpan, Veracruz. En todos los casos, los propietarios de farmacias, inmobiliarias, ganaderías y restaurantes habían denunciado ser víctimas de extorsión.
También destaca el homicidio de Julio César Castillo Sáinz, dueño de un taller mecánico; de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada que trabajaba como taxista y fue “levantada” y asesinada en Veracruz por negarse a pagar derecho de piso, así como el empresario chino Zhu Yumju, de 34 años, acribillado a balazos en Orizaba, Veracruz, presuntamente por no pagar extorsión para que su restaurante pudiera seguir operando.
Gobierno reconoce incremento
El gobierno federal reconoce que, pese a los esfuerzos no ha logrado consolidar la prevención, investigación, persecución y sanción efectivas del delito de extorsión. Por este motivo, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa que fue recibida el pasado lunes, la cual propone homologación en la pena de ese flagelo, que alcanzará penas de hasta 50 años de cárcel.
“Es una tarea pendiente que es obligado atender sin mayor dilación, de forma coordinada, asumiendo las responsabilidades que a cada orden de gobierno le corresponden y a partir de un marco jurídico claro, robusto y general”, señala la exposición de motivos del proyecto de reforma.
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MV
Cortesía de El Informador
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