El reciente desencuentro entre el gobierno de México y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), sobre e “Proyecto Portero”, responde más a una estrategia política e ideológica que a un debate técnico sobre seguridad y refleja las diferencias de narrativa entre ambos países, opinaron expertos.
No obstante, añadieron que no ven riesgo de una ruptura en la relación bilateral en materia de seguridad.
Alberto Guerrero Baena, investigador del Observatorio de la Guardia Nacional de Causa en Común, consideró que la “seguridad no se ideologiza. Necesita un punto de vista técnico equilibrado y con datos. Hoy se mantiene un estigma contra la DEA, heredado del sexenio de López Obrador, pero el país necesita cooperación para enfrentar al crimen organizado”.
El especialista planteó que los retos trasnacionales del crimen organizado obligan a pensar en acuerdos bilaterales sólidos, que trasciendan los discursos políticos.
En este sentido, propuso la creación de un Centro Binacional de Inteligencia, con personal mixto de ambos países, que permita el intercambio de información y la coordinación de operativos conjuntos bajo una mesa directiva compartida.
Guerrero Baena cuestionó el uso político del argumento de la soberanía y recordó que el discurso de que “el pueblo de México no lo permitiría” carece de sustento si no se consulta realmente a la ciudadanía.
“Ya no estamos en un momento de aludir a un tema de soberanía o de envolverte en una bandera como Juan Escutia, yo creo que hoy en día estamos ante una circunstancia en la cual tiene que haber acuerdos bilaterales, sobre todo en materia de seguridad, tomando en cuenta el tipo de crimen organizado que se ha venido explayando, son grupos binacionales, así como en México tenemos grupos que expanden su territorio de trabajo hacia otras latitudes, obviamente también hay redes criminales en Estados Unidos”, indicó.
Por su parte, el académico de la UNAM, Carlos Rodríguez Ulloa explicó que el episodio pone de manifiesto tres agendas distintas: la estadounidense, enfocada en enviar mensajes políticos a su electorado y a las agencias federales; la mexicana, que busca controlar el discurso interno bajo el principio de soberanía; y la diplomática, evidenciada en la reacción inmediata de la Embajada de Estados Unidos en México tras la aclaración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, señaló que, pese a las tensiones discursivas, se mantendrá el principio de que cada país opere dentro de su territorio, ya que una intervención unilateral de Estados Unidos en México sería “muy costosa” y poco necesaria.
“El Gobierno mexicano ha hecho prácticamente todo lo que el estadounidense ha solicitado. No veo un imperativo de acciones unilaterales. Además, existe plena confianza en interlocutores como Omar García Harfuch y en instituciones como las Fuerzas Armadas, que conducen de manera profesional estos acuerdos”, subrayó.
Cooperación
Sobre los urgentes en la agenda bilateral, en materia de seguridad, los expertos consultados mencionaron que, además de drogas, armas o lavado de dinero, el acuerdo debe contener temas estratégicos complementarios como: gestión conjunta de aduanas, para frenar el tráfico ilícito y mejorar la seguridad fronteriza; intercambio de inteligencia operativa y estratégica; investigaciones conjuntas y operaciones coordinadas contra redes trasnacionales; cooperación en control migratorio y combate a la trata de personas, entre otras.
“Un acuerdo tecnológico puede ser el punto clave de toda esta articulación”, puntualizó Rodríguez Ulloa.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: