Argenis Esquipulas
Acteal, Chiapas.- La violencia y la inseguridad en Chiapas han alcanzado niveles alarmantes que evocan los tiempos oscuros previos a la masacre de Acteal en 1997, donde 45 personas perdieron la vida. Esta es la advertencia de las mujeres indígenas tzotziles de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quienes alzan sus voces para denunciar la repetición de un ciclo trágico de violencia en la región.
“Estamos reviviendo lo que ya vivimos en 1997”, señaló Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre, durante una conferencia de prensa en Acteal, municipio de Chenalhó. Vázquez Luna describió con dolor cómo las balaceras frecuentes y el clima de terror que se vive actualmente les traen de vuelta el miedo y el sufrimiento de aquel diciembre fatídico.
Las mujeres tzotziles expresaron su indignación ante la omisión del gobierno y la perpetuación de la impunidad que mantiene la violencia en Chiapas. Criticaron duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de minimizar la gravedad de la situación y permitir que las nuevas generaciones enfrenten la misma realidad cruel que ellas vivieron.
Sebastián Pérez Vázquez, miembro de Las Abejas de Acteal, lamentó la liberación de los agresores de la masacre y la falta de garantías para evitar que se repita una tragedia similar. “El gobierno lo ha permitido y sigue permitiendo, es cada vez peor”, afirmó.
María Gómez, vocera de la organización, advirtió que la actual administración pasará a la historia como un gobierno que no tuvo la voluntad política para evitar una nueva tragedia en Chiapas.
“Nuestros hijos están viviendo esa realidad tan cruel y todo esto que estamos viviendo es porque el gobierno mexicano lo ha permitido, ¿cómo? Con su impunidad”, añadió.
Desplazamientos forzados
En las últimas semanas, el aumento de la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 2 mil indígenas tzotziles en los Altos de Chiapas. Las ONG y activistas alertaron que la situación sigue agravándose, con comunidades como La Esperanza, San José del Carmen y San Clemente particularmente afectadas.
La situación actual de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo perturbador de los días previos a la masacre de Acteal, que ocurrió el 22 de diciembre de 1997. En ese trágico evento, además de los 45 muertos, 22 personas resultaron gravemente heridas.
Hoy, las voces de las sobrevivientes y sus familias resuenan con una desesperación familiar, enfrentándose nuevamente a una realidad de violencia que parece no tener fin.
“Hemos pedido al gobierno federal que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos”, insistió Vázquez Luna, subrayando la responsabilidad gubernamental en la perpetuación de la violencia. La conferencia de prensa también sirvió como reflexión sobre “Los 15 años de la liberación de los paramilitares y sus consecuencias”. Donde se reconoció que la violencia constante en la región hace difícil curar las heridas psicológicas del pasado.
Sebastián Pérez Vázquez denunció la preocupación constante de ser nuevamente atacados y la indignación de ver a sus agresores libres, disfrutando de beneficios.
“Sí, en realidad los que están excarcelados ya están viviendo aquí, fueron recibidos con cinco hectáreas de terreno, reconstruyeron su casa y fueron pensionados”. Exclamó Pérez Vázquez con amargura.
Los indígenas señalaron que el gobierno de López Obrador quedará en la historia como un político que no tuvo la voluntad política para crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal y que permitió a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población.
El panorama en Chiapas es sombrío y las voces de las mujeres indígenas tzotziles claman por una intervención urgente para evitar que la historia se repita. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos deben poner atención a esta crisis y exigir acciones concretas para proteger a los pueblos indígenas de Chiapas de una nueva tragedia.
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