Durante décadas, los mexicanos aprendimos que había una institución a la que debíamos defender casi por obligación democrática. Podíamos desconfiar del presidente, de los gobernadores, de los partidos y hasta de nuestros propios representantes, pero el Instituto Nacional Electoral debía permanecer por encima de cualquier sospecha. Era el árbitro, el guardián de los votos, la última garantía frente a las trampas de nuestra clase política. Cuestionarlo podía interpretarse como un pecado cívico. Hoy, las investigaciones por presunta corrupción nos obligan a formular una pregunta que durante demasiado tiempo quedó relegada: mientras discutíamos apasionadamente quién contaba los votos, ¿quién vigilaba el dinero?
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, el pasado 26 de octubre, abrió una crisis institucional de dimensiones todavía desconocidas. Videos, grabaciones, relaciones personales con proveedores, contratos millonarios y funcionarios bajo investigación terminaron por colocar al organismo en el centro de un escándalo.
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