Carlos Álvarez Flores
La Universidad de Yale, en Estados Unidos de América publicó los resultados de su clasificación internacional a partir de su Índice de Desempeño Ambiental, EPI (por su siglas en inglés Environmental Performance Index) del año 2024. México aparece ahora en el lugar 94 de un listado de 180 países que son evaluados. Nuestro país perdió 22 lugares en el período de 2018 al 2024, cayendo de una calificación de 59.7 a 44.7, precisamente en la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nuestro marco normativo ambiental vigente inició en 1998 con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que sirvió de base para crear su estructura administrativa que actualmente está constituida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (cabeza de sector) acompañada de sus órganos desconcentrados como:
- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
- La Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal
- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
- El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
- El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
- Y la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (que dice vigilar al sector de hidrocarburos)
Esta es la infraestructura administrativa en materia de protección ambiental con la que contamos para garantizar a los mexicanos el derecho humano de gozar de un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, como lo señala el Artículo 4, párrafo V de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante los últimos 30 años, las administraciones federales han asignado poco presupuesto para estos organismos. La actual administración federal asignó 70,245 millones de pesos para todo el sector.
La precaria asignación de recursos obedece a la falta de comprensión de la importancia de la protección ambiental, por parte de nuestros gobernantes. A nivel nacional tenemos aproximadamente 60,000 funcionarios (de tres niveles de gobierno) que cuestan 41,500 MDP anuales.
Conclusión: el sector ambiental federal (con sus órganos desconcentrados) ha sido incapaz de detener la degradación ambiental (que sigue siendo muy alta) de acuerdo con los últimos datos publicados por el INEGI en 2022. Nos reportan que los costos totales de degradación ambiental fueron de 1’069,076.2 MDP, equivalentes al 3.6 % del PIB nacional. Lo que confirma la caída de lugar 72 al 94 de México en el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale.
*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático
www.carlosalvarezflores.com y Twitter @calvarezflores
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