*Ricardo Mendoza es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 y de la Comisión Fiscal Internacional de Desarrollo del CCPM
Fuego se combate con fuego.
A la luz de la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras (que, si bien se ha impugnado en diversas sedes, ya es derecho positivo) un puñado de jueces y magistrados tomaron la decisión de iniciar una conferencia mañanera en la sede del Poder Judicial de la Federación de Av. Revolución 1508, informando, medularmente, pero sin limitarse a ello, el estado que guarda el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, así como los aspectos relevantes sobre la implementación de la reforma judicial.
En un hecho sin precedentes, hoy tenemos a jueces y magistrados hablando en tiempo real sobre sus preocupaciones, posturas y acciones en torno a lo que, sin miedo a equivocarme, se trata de una de las reformas constitucionales más controversiales y problemáticas a la Constitución vigente.
Este grupo de jueces y magistrados forma parte del colectivo Artículo 41, que, sin ser una asociación formalmente constituida, es un movimiento institucional que agremia los intereses de más de 1500 juzgadores. No es casualidad que este grupo de jueces hayan iniciado las conferencias mañaneras. Fueron ellos mismos, liderados por Juan José Olvera y Rogelio Alanís (entre otros), quienes impulsaron acciones en sede internacional para atraer la atención del mundo a lo que ocurre en nuestro país.
Este puñado de jueces tomó la decisión, plenamente conscientes de ello, de hacer política, porque la batalla en la arena jurídica está, por el momento, fuera de sus manos. Algunos podrían pensar, incluso, que ante la evidente pasividad de la Ministra que hoy preside el Poder Judicial de la Federación, los juzgadores decidieron “tomar al toro por los cuernos”, eligiendo hacer lo único que pueden hacer ahora: levantar la voz.
Que no quede duda: estamos viviendo una de las crisis constitucionales más importantes y desgastantes de nuestra época. La erosión diaria, constante y creciente al Estado de Derecho en nuestro país es verdaderamente preocupante.
La última iniciativa de reforma constitucional presentada por la Presidenta pretende impedir que se revisen, precisamente, reformas constitucionales (ya sea en el fondo o en la forma). Pretende que nuestro país excluya a la Constitución del control de convencionalidad, lo cual supone que, a nivel jurídico (porque de facto, ya estamos fuera), quedaríamos fuera del control convencional, violando nuevamente tratados internacionales suscritos por México y lesionando gravemente los derechos humanos de las y los mexicanos.
Fuego se combate con fuego. Política se combate con política. Y mañaneras… se combaten con mañaneras.
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Cortesía de Forbes
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