La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia integral “Protección al Patrimonio Familiar, Acciones de Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo”, un plan que busca agilizar la devolución de inmuebles ocupados ilegalmente, fortalecer la defensa jurídica de los propietarios y combatir las redes dedicadas al despojo.
Como parte de la estrategia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estableció un plazo de 15 días para el aseguramiento y restitución de inmuebles y de 30 días para la judicialización de los casos, siempre que exista certeza documental sobre la propiedad.
Durante la presentación, Brugada informó que el Gabinete Interinstitucional contra el Despojo ha atendido mil 32 casos en los últimos 13 meses, de los cuales 388 fueron catalogados como despojo. En ese periodo se lograron 317 restituciones y aseguramientos, lo que representa una efectividad del 82 por ciento, mientras que la incidencia del delito se ha mantenido estable entre 10 y 11 denuncias diarias desde 2019.
Entre las principales acciones destaca la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que brindará asesoría y representación legal a víctimas, además de un plan masivo de escrituración y regularización en coordinación con el Colegio de Notarios.
En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un protocolo de respuesta inmediata a reportes recibidos a través del 911 y de la línea 55 5345 8120, con un tiempo promedio de atención menor a tres minutos cuando se detecte una posible ocupación ilegal en flagrancia.
Asimismo, el Gobierno capitalino anunció la creación de una unidad especializada en el Poder Judicial, un equipo de control interno para investigar a servidores públicos involucrados en estos delitos y una campaña preventiva para orientar a la ciudadanía sobre cómo proteger su patrimonio.
La Fiscalía también reforzará su estructura con nuevas unidades de análisis criminal, investigación estratégica y judicialización rápida, con el objetivo de desarticular redes dedicadas al despojo y acelerar la resolución de los casos. Además, recordó que las reformas al Código Penal contemplan penas de hasta 22 años de prisión para quienes cometan este delito con agravantes.
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