Empresarios que participaron en la licitación AM-04-K00-004K00001-N-17-2026, para brindar el servicio de limpieza a diversos inmuebles del Instituto Nacional de Migración, que dirige Sergio Salomón Céspedes Peregrina, alertan que el fallo no obedecería a cuestiones técnicas, sino más bien a intereses particulares.
Y es que el contrato, por 9 meses, es por al menos 156 millones 250 mil 399 pesos con 50 centavos y, de acuerdo con los quejosos, sería adjudicado a la empresa Wilk, la cual se ha visto involucrada en varias denuncias por no brindar salarios completos o prestaciones sociales.
“A pesar de que las autoridades saben que la propuesta presentada por Wilk, no cumple con los requerimientos técnicos ni financieros, ya que, con su propuesta presentada por un costo de 17 millones 361 mil 155 pesos con 50 centavos, no se garantiza el servicio, no alcanzaría para cubrir todos los gastos y aun así, se la van a dar”. Aseguró el representante legal de una de las empresas participantes, quien pide el anonimato, por temor a represalias en licitaciones futuras.
Si bien el fallo se dará a conocer este 15 de abril a las 17:00, los quejosos advierten que la decisión se daría por presiones ejercidas por Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana.
“Este supuesto líder sindical, es quien respalda a muchas de las empresas; lleva años utilizando el mismo modus operandi: las empresas llegan a los servicios y en el segundo mes o antes, dejan de hacer pagos completos a los trabajadores, les descuentan de manera injustificada y no les dan Seguro Social”. Aseguró
Actualmente, Wilk cuenta con contratos en el Instituto Nacional de Cancerología, Comisión Nacional del Deporte, Lotería Nacional y CONALEP, solamente por mencionar algunos. En todos los casos, los empleados sufren de irregularidades y más de uno ha tenido que buscar otro trabajo, por las constantes irregularidades.
La decisión estaría saliendo del escritorio de Juan Carlos Bravo Zepeda, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia, quien ya ha sido señalado por malas prácticas en otras licitaciones.
“Confiamos en que la Secretaría de Buen Gobierno y, Anticorrupción, tome cartas en el asunto y revise el fallo; nosotros vamos a interponer nuestra porque esto representa un daño al erario y por ende, a la ciudadanía”, concluyó.
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