La Auditoría Superior de la Federación detectó que Guadalupe Taddei, quien ya no encabeza el Instituto Nacional Electoral, avaló contratos con siete empresas relacionadas con 83 servidores públicos del propio organismo. Estos funcionarios figuraban como socios, accionistas o representantes legales de esas compañías.
El órgano fiscalizador adelantó que analizará si existieron “conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales” en las decisiones de la exconsejera presidenta y de las personas que integraban su entorno más cercano.
El hallazgo añade presión sobre la gestión de Taddei, cuyo paso por el INE ha estado marcado por cuestionamientos sobre la contratación de proveedores y el manejo de recursos. De confirmarse irregularidades, la ASF podría promover las acciones correspondientes para deslindar responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.
La revisión mantiene bajo escrutinio los mecanismos con los que el Instituto adjudica contratos, un asunto sensible para una institución que debe garantizar transparencia e imparcialidad en su funcionamiento.
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