“Denuncié a mi hija y a la persona que ahora vive en mi propiedad”. Alejandra Margarita dice esto mientras sostiene una carpeta repleta de hojas membretadas y selladas por autoridades administrativas y judiciales. Es el voluminoso expediente de un proceso legal que inició hace dos años, cuando su hija la despojó de su casa en la alcaldía Tláhuac, para venderla después a un tercero.
No le tiembla la voz cuando se le pregunta quién le ha arrebatado su propiedad.
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