Los conflictos postelectorales son la normalidad en todos los sistemas democráticos, y aún más en el mexicano. Son expresiones de la competencia y la competitividad electoral. Al igual que en un partido de futbol, el equipo perdedor suele estar inconforme con el resultado, ya sea por el actuar deshonesto del rival, o porque se señala un actuar faccioso o negligente por parte del árbitro.
Existen leyes a las que las candidaturas perdedoras recurren como argumento para solicitar a la autoridad electoral la anulación y repetición de una elección. Pese a que este marco legal es claro en las razones de nulidad y sin importar que la razón jurídica no asista a las partes inconformes, igualmente los actores recurren a la constante impugnación de elecciones. Inician presentando recursos ante la autoridad electoral administrativa, posteriormente pasan al terreno jurisdiccional y avanzan por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta llegar a la máxima instancia, la Sala Superior, donde se emite la última palabra.
Uno pensaría que este proceso es largo, desgastante y altamente litigioso como para que una o un candidato perdedor lo emprenda si de inicio sabe que la razón no le asiste. Entonces, ¿por qué lo hacen? Cierto es que si ganan en tribunales el premio es importante: representa la posibilidad de volver a competir, pero aún si no ganan existe otra serie de incentivos para seguir impugnando elecciones.
Como candidata o candidato perdedor, conviene atizar el conflicto postelectoral mediante el argumento de “fraude”, desapego a las reglas electorales o señalando que las autoridades actuaron faltando a los principios de neutralidad, certeza, imparcialidad y objetividad, porque de inicio se ensucia y pone en entre dicho la victoria del partido ganador, minando su legitimidad durante el arranque de gobierno.
En segundo lugar, permite a la o el perdedor mantenerse en la conversación y en los medios, así como continuar movilizando a sus bases y crear en ellas el sentimiento de agravio (“no nos ganaron a la buena, nos robaron”), elementos que pueden ser capitalizados de cara a la próxima elección.
Es importante que existan marcos legales para la resolución de conflictos postelectorales, pues es fundamental para una democracia que no quede duda de que el voto de la ciudadanía cuenta y se cuenta bien. Qué importante sería también contar con actores políticos plenamente comprometidos con los valores de la democracia para que reconozcan su derrota, en lugar de lastimar la confianza en las instituciones. Pero, esos políticos son escasos, en su mayoría se comportan de manera excesivamente pragmática, pues aún en la derrota buscan obtener las mayores ganancias políticas posibles llamando al fraude y a la anulación de la elección, pese a que eso significa torcer la ley.
La elección de gobernador en Jalisco es un ejemplo de lo anterior. La candidata de Morena, Claudia Delgadillo, señala diferentes agravios durante el proceso electoral: la intervención del gobierno del estado en la elección en favor del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, la participación de funcionarios del gobierno del estado como consejeros electorales distritales e irregularidades en la cadena de custodia de los paquetes electorales.
Que estos agravios sean reconocidos como graves y determinantes en el resultado de la elección, de acuerdo con las normas electorales, depende del margen de victoria con el cual Delgadillo perdió. Si perdió por más de cinco puntos porcentuales dichos agravios no serán considerados como determinantes y serán desechados; pero si perdió por menos de cinco puntos, entonces se abre la posibilidad de que sean considerados como determinantes y habría que anular la elección.
Existen dos posturas: la de aquellos que consideran que la diferencia entre Lemus y Delgadillo debe calcularse con la votación emitida (la totalidad de los votos) y la de quienes señalan que se debe calcular con base en la votación efectiva (restando votos nulos y votos de candidatos no registrados). Con la votación emitida la diferencia entre el primer y segundo lugares es inferior a los cinco puntos porcentuales; con la efectiva es mayor. El tribunal electoral de Jalisco calculó la diferencia con la votación efectiva, pero Morena argumenta se debió hacer con la emitida.
Es mitad de septiembre, Sheinbaum ya recibió la constancia de mayoría y Pablo Lemus está iniciando la organización de su gobierno, pero Delgadillo sigue en campaña, movilizando a organizaciones sociales y realizando eventos de apoyo con la dirigencia nacional de Morena. Si se repite la elección en Jalisco, Delgadillo arrancará con ventaja, pero si no, está sembrando desde ya la narrativa para ser candidata en la próxima elección de la entidad, al tiempo de minar la credibilidad del gobernador electo. Por eso lo hace: por eso gana con el conflicto postelectoral, sin importarle el daño que causa al orden institucional de Jalisco.
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Nota del editor: Yair Mendoza (@yair_mendozacg) es consultor de riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Cortesía de EXPANSIÓN
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