Contar con un contrato de renta de vivienda puede no ser suficiente para proteger a propietarios e inquilinos ante conflictos por falta de pago, daños al inmueble, subarrendamientos, terminaciones anticipadas o negativa a desocupar una propiedad. Especialistas recomiendan recurrir a mecanismos jurídicos que permitan establecer desde el inicio cómo se resolverán posibles controversias entre ambas partes.
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