Por Argenis Esquipulas
Chiapas — El gobierno de Guatemala enfrenta una tormenta política y diplomática de grandes proporciones tras la difusión de videos en los que se observa a elementos del Ejército utilizando un vehículo militar donado por Estados Unidos para proteger a presuntos sicarios durante un violento enfrentamiento fronterizo contra integrantes del grupo armado Pakal, en la zona de La Mesilla, frontera sur con Chiapas, México.
Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales y medios locales, muestran a soldados guatemaltecos disparando desde un Jeep J8 —vehículo táctico entregado por EE. UU. para labores de combate al narcotráfico— contra un vehículo tipo Rino perteneciente a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). El hecho ocurrió este domingo 9 de junio en el contexto de un nuevo episodio de violencia entre grupos criminales que disputan el control de pasos ilegales en la región.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, los militares habrían intervenido en favor de los presuntos criminales guatemaltecos, quienes huían tras haber participado en el asesinato de cinco policías estatales mexicanos, emboscados y calcinados el pasado 2 de junio en Frontera Comalapa. Las fuerzas mexicanas los perseguían cuando el Ejército guatemalteco aparentemente bloqueó su avance y repelió el ataque.
Este uso del Jeep J8, parte de una donación reciente por más de 13 millones de dólares realizada por Estados Unidos en 2024, ha generado fuertes críticas en Washington. El equipo donado incluía vehículos, aeronaves y embarcaciones específicamente destinados a fortalecer las capacidades del Estado guatemalteco en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Su uso para proteger estructuras delictivas representa, según fuentes diplomáticas, una “grave violación de confianza”.
No es la primera vez que el uso del equipo militar donado genera polémica. En 2019, EE. UU. suspendió temporalmente su ayuda tras documentar desvíos en la utilización de vehículos tácticos. La reactivación del apoyo se dio bajo condiciones específicas, incluyendo monitoreo más riguroso. Sin embargo, lo sucedido este domingo vuelve a poner en duda el compromiso del Estado guatemalteco con esos acuerdos.
El Ministro de la Defensa, Henry David Sáenz Ramos, negó que los soldados hayan participado activamente en el enfrentamiento, afirmando que su presencia en el lugar fue “fortuita” y que se abstuvieron de actuar “para evitar víctimas civiles”. No obstante, las imágenes contradicen esta versión y muestran claramente a militares operando el Jeep y disparando.
La declaración no ha calmado los ánimos. Por el contrario, ha alimentado las sospechas de encubrimiento y complicidad. Organizaciones civiles y líderes comunitarios en Huehuetenango y La Mesilla exigen una investigación independiente y sanciones para los responsables.
Desde el otro lado de la frontera, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, condenó enérgicamente los hechos:
“Es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia”.
Ramírez también exigió a las autoridades guatemaltecas actuar con responsabilidad y transparencia. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas mantiene presencia reforzada en la región y continúa los operativos de vigilancia.
El enfrentamiento del domingo 08 de junio ocurrió en la conflictiva zona de Las Champas y La Mesilla, donde se ha intensificado la disputa territorial entre grupos delictivos tras la ejecución de cinco agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) el pasado 2 de junio. Los agresores cruzaron hacia Guatemala tras emboscar a la patrulla 23057, que fue incendiada con los cuerpos de los policías en su interior.
El operativo del domingo dejó al menos cuatro presuntos sicarios muertos, sin bajas reportadas entre las fuerzas mexicanas. Se aseguraron armas y vehículos utilizados por los agresores. La Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca desplegó a su División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) para resguardar la zona, aunque el control efectivo parece estar lejos de consolidarse.
La ciudadanía guatemalteca, en particular en las zonas fronterizas, exige explicaciones claras:
• ¿Por qué el Ejército no protegió a los civiles?
• ¿Quién autorizó el uso del Jeep donado por EE. UU. en un operativo de esta naturaleza?
• ¿Cuáles son los vínculos reales entre las fuerzas armadas y las estructuras del crimen organizado?
Las respuestas aún no llegan. Lo que sí queda claro es que Guatemala enfrenta no solo un desafío de seguridad nacional, sino una crisis de legitimidad institucional que podría tener graves repercusiones diplomáticas.
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