México tiene una larga experiencia desplegando fuerzas federales en territorios donde la autoridad pública se encuentra debilitada. Michoacán constituye uno de los ejemplos más persistentes de esa contradicción: el Estado puede concentrar soldados , policías , vehículos y recursos extraordinarios, pero eso no significa que haya recuperado la capacidad de gobernar la vida cotidiana. Entrar en una región no equivale a controlar sus caminos, sus economías, sus instituciones ni las decisiones de quienes viven bajo amenazas criminales. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nació en ese contexto.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó el 4 de noviembre de 2025, después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Cinco días después anunció una estrategia de doce ejes, más de cien acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, incluida inversión mixta. La magnitud presupuestaria expresa una decisión política; todavía no demuestra una transformación institucional.
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