La restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas, que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, plantea un desafío que va más allá de evitar distracciones en las aulas: determinar qué ocurrirá con los dispositivos que los alumnos lleven a los planteles, quién deberá resguardarlos y qué responsabilidades podrían surgir si se pierden, son robados o resultan dañados.
El problema adquiere distintas dimensiones según las necesidades de cada familia. Mientras algunos padres prefieren que sus hijos dejen los teléfonos en casa, otros consideran indispensable que los lleven para mantenerse comunicados durante los traslados, especialmente cuando recorren distancias considerables o utilizan transporte escolar.
En entrevistas realizadas por El Economista, tres madres de estudiantes de primaria y secundaria coincidieron en respaldar las restricciones, pero expresaron opiniones diferentes sobre la custodia de los aparatos, las posibles sanciones y quién debería asumir las consecuencias económicas ante algún incidente.
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