Por Carlos Aguila Franco
Campañas van y campañas vienen y lo que prometen y a lo que se comprometen los candidatos, la mayoría de las veces, terminan no cumpliéndolos, cumpliéndolos a medias o simplemente se quedan en mentiras.
Es por ello que me llama mucho la atención una de las promesas que la candidata de los partidos Morena, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México, “Cárceles no serán más escuelas del crimen”, y con ello Delfina Gómez, más conocida como “la diez por ciento”, les prometa a los mexiquenses que erradicará la problemática que hoy convierte a los Centros de Readaptación Social en escuelas del crimen y en centros de operación delictiva, y donde se llevan a cabo muchas de las extorsiones denunciadas a las autoridades. Y que para ello al llegar al gobierno modernizará y dará puntual atención a las 23 cárceles que existen en la entidad.
Presumiendo que como ex diputada y senadora conoció la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en la que se señala que el hacinamiento en cárceles en seis estados del país sobrepasa el 80 por ciento. En el menor de los casos, hay cinco reos por celda, y en los más graves, pueden encontrarse hasta 15 presos por celda. Agregando que existe el verdadero compromiso de ejecutar una profunda transformación del Sistema Penitenciario Estatal para que los centros de reclusión se conviertan en instituciones de verdadera reeducación y reinserción social.
Pero conociendo la patética situación de lo que ha sucedido en esta pésima administración de López y su 4-T de la que ella es parte, del 1 de diciembre del 2018 a la fecha, pregunto ¿TÚ LE CREES A DELFINA?
Y es que partiendo de la información que el 4 de enero del 2023 nos enteramos por lo publicado en el diario Vanguardia que, durante sexenio de AMLO, llevaban seis fugas en penales y 36 asesinatos de custodios e internos, resultando de esas seis fugas de reos en penales estatales, que 100 delincuentes huyeron.
PATÉTICA REALIDAD
Los hechos violentos en diferentes penales del País sumaban hasta enero del 2023, 26 motines con incendio de mobiliario, instalaciones y enfrentamientos sangrientos entre bandas antagónicas del crimen organizado. Y con las evasiones y hechos violentos ha quedado al descubierto la ingobernabilidad de las autoridades penitenciarias, la complicidad de estas con la delincuencia, el consentimiento de internos con celdas VIP, el uso de telefonía celular y la sobrepoblación.
Razones por las cuales, para enero del 2023, 30 gobiernos estatales habían solicitado al Gobierno federal el traslado de miles de reos peligrosos, de penales estatales a centros federales, con el fin de evitar conflictos en cárceles más pequeñas y menos vigiladas.
Resultando que, del 2019 a enero del 2023, 8 mil 740 reos fueron llevadas a cárceles federales en atención a las peticiones de gobernadores. Destacándose que solamente dos estados no han hecho solicitudes de traslado, Durango y Yucatán, que no son gobernadas por Morena.
Importante recordar que el 1 de enero del 2023, en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 custodios fueron ejecutados por reos armados que planearon una fuga con el uso de un grupo distractor que atacó a balazos la entrada principal de la penitenciaría. Asimismo, siete internos fueron asesinados por el grupo que organizó la evasión, ligado a la banda de “Los Mexicles”.
Las autoridades federales hallaron dentro de ese penal siete armas largas utilizadas para asesinar al personal de seguridad, además de drogas, más de un millón de pesos en efectivo, 80 celulares y celdas acondicionadas con mobiliarios especial y televisores.
Los penales bajo control estatal también reportan personal que no ha sido debidamente capacitado y cuyo número resulta insuficiente en tareas de guardia y custodia. Lo cual de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, para enero del 2023, “Esto ha influido en una creciente auto gobernabilidad, impunidad y corrupción al interior de esos centros estatales. Si se suma al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad, los hace en centros donde los fines de la reinserción social sólo son utópicos en tanto las autoridades penitenciarias continúen siendo permisibles o aquiescentes ante tales conductas”.
No podemos olvidar que la primera fuga de reos en la Administración de López fue en el marco del llamado “Culiacanazo”, un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. El 17 de octubre de 2019, en Culiacán, 51 reos lograron evadirse en medio del caos ocurrido tras la captura y posterior liberación de Ovidio. Los internos despojaron de sus armas a cinco custodios y salieron por la puerta principal.
Entre octubre y noviembre de 2019 se reportaron tres motines en el interior del penal de Atlacholoaya, en Morelos, con saldo de siete reos muertos. Informes oficiales reportan que la pelea fue protagonizada por integrantes de la organización Los Rojos contra criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Uno de los objetivos era liquidar a Raymundo Isidro “N”, apodado “El Ray”. Este delincuente había sido capturado en Puebla y era considerado cabecilla del CJNG. “El Ray”, quien figura en una fotografía con el Gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco, murió incinerado en medio de la refriega.
En septiembre del 2019 en Tabasco, se suscitó una gresca dejando dos muertos y cuatro lesionados en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa. La pelea entre internos ocurrió en el patio del reclusorio. En la riña presuntamente participaron dos grupos que buscan el control del penal.
Por otra parte, el 29 enero de 2020, tres integrantes del Cártel de Sinaloa, Víctor Manuel Félix Beltrán, “El Vic”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, así como Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro, ambos con órdenes de extradición a Estados Unidos, lograron burlar la seguridad del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, y salieron en un vehículo oficial que tenía hasta chofer.
En mayo del 2020, dos reclusos se fugaron del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, a través de un túnel.
Y en septiembre del 2021 tres internos huyeron de la cárcel de Solidaridad, Quintana Roo, con el apoyo de autoridades.
En el mismo mes, una agresión entre reos, que incluyó balazos, dejó ocho muertos y nueve heridos en el reclusorio de sentenciados, en Puente Grande, Jalisco. Los homicidios ocurrieron en venganza por una agresión previa.
Para diciembre del 2021, un comando armado liberó a nueve internos del penal de Tula, en Hidalgo, para lo cual recurrieron al uso de una camioneta con blindaje artesanal que les permitió derribar la puerta del Cereso.
En el penal de Cieneguillas, Zacatecas, el 15 de enero de 2021 se registró un motín que dejó un reo muerto y seis heridos, en tanto que en julio de ese año se reportó un interno muerto, además de tres heridos, entre ellos custodios, derivado de un motín en el penal San Francisco Kobén, Campeche, en protesta por alimentos.
Nuevamente en octubre 2022, el penal de Cieneguillas reportó la fuga de siete presos. Se presume que escaparon mediante hoyos realizados en los muros.
“Casualmente” en la mayoría de los estados en los que han sucedido estos hechos, los gobernadores son de Morena. Por ello mi enorme duda de si no han podido en sus estados que en sus penales no haya violencia, corrupción, muertos, fugas motines, ¿por qué creerle a Delfina que ella sí lo hará en el Estado de México ¿Usted qué piensa estimado lector?
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