El acuerdo petrolero que negocian la administración de Donald Trump y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, para otorgar la operación de 17 campos petroleros, enfrenta cuestionamientos sobre legalidad, viabilidad económica y capacidad para atraer inversiones a largo plazo. Los campos concentran alrededor de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de crudo equivalente, consideradas las más accesibles para su explotación.
Gonzalo Monroy, director general de la firma especializada GMEX, advierte que el acuerdo elude el marco constitucional venezolano, excluye a PDVSA y enfrenta riesgos de nulidad internacional y fallas operativas."Es un robo en despoblado.
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