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Por Víctor Hugo Arteaga
El escándalo de corrupción en el Gobierno de Sinaloa a cargo de Rubén Rocha Moya, continúa escalando y alcanzando a más actores en la red de negocios turbios, involucrando a socios de Grupo Coppel, que habrían recibido contratos con conflictos de intereses superiores a los 97 millones de pesos.
Durante la administración del morenista Rocha Moya, quien solicitó licencia tras ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, se otorgaron contratos millonarios para la compra de vehículos a empresas vinculadas con altos funcionarios estatales y en la que se ve involucrada una de las familias empresariales más importantes en el noroeste de México.
De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por el equipo de investigaciones de XPECTRO FM, compañías ligadas a familiares de Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa y también señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas conexiones con el narcotráfico, así como del entonces secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, obtuvieron contratos para el suministro de diversas unidades automotrices.
Entre las grandes irregularidades está el caso que involucra a Ricardo Jenny del Rincón, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien guarda relación directa con Grupo Coppel, corporativo integrado por accionistas pertenecientes a la familia del exsecretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel.
En septiembre de 2023 se dio a conocer el acta de fallo de la Licitación Pública Nacional SESESP 01/23 para la adquisición de vehículos solicitados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.
Una de las compañías beneficiadas con tres partidas del proceso fue Premier Chevrolet S.A. de C.V., a la que le fueron adjudicados contratos por un monto total de 47 millones 76 mil 923 pesos para la compra de camionetas y vehículos sedán.
El posible conflicto de interés radica, nuevamente, en que la empresa mantiene nexos directos con la familia del entonces secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel.
Aunque Premier Chevrolet S.A. de C.V. fue fundada en 1951 por Luis Fuentevilla Peláez y Arturo Quintana Ramírez, documentos corporativos muestran que en abril de 2006 la presidencia del Consejo de Administración quedó en manos de Santiago Luis Gaxiola Clouthier, padre del exsecretario de Economía Javier Gaxiola Coppel.
En 2024, la presidencia de Premier Chevrolet fue asumida por Alejandro Gaxiola Coppel, hermano de Javier Gaxiola y que a su vez es socio de Enrique Díaz Vega en varias empresas.
Aún más grave es que el actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública reconoció en sus declaraciones patrimoniales que durante los años fiscales 2022 y 2023 obtuvo ingresos mensuales de 90 mil pesos por actividades lucrativas independientes realizadas para Grupo Coppel S.A. de C.V., lo que representó percepciones acumuladas por 2 millones 160 mil pesos en ese periodo.
Contratos contravienen la Ley de Adquisiciones
Los hechos señalados contravienen lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Inmuebles del Estado de Sinaloa.
“Artículo 60.- La Secretaría y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, “incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para dicho servidor público, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
De acuerdo a los datos obtenidos en las investigaciones, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a cargo de Ricardo Jenny del Rincón otorgó los contratos a Premier Chevrolet, no habían pasado los dos años estipulados en la ley para poder celebrar procedimientos de contratación desde que terminó su relación laboral con Grupo Coppel.
Todo esto ante la permisividad de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y su entonces titular David Colmenares, que a pesar de tener toda la información ocultó los resultados de las auditorías evitando que llegara a sistema de justicia federal mexicano durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien siempre calificó a Rocha Moya como su hermano.
Anomalías detectadas por la ASF
Además de las posibles irregularidades y delitos derivados de la asignación de contratos a empresas relacionadas con servidores públicos, auditorías oficiales detectaron anomalías graves en adquisiciones destinadas a las áreas de seguridad y contraloría.
Las revisiones de la ASF a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal transferidos al Gobierno de Sinaloa detectaron la compra de vehículos con sobreprecios, una práctica recurrente durante distintos años de la administración de Rocha Moya.
En agosto del año pasado, la Unidad de Investigaciones Especiales de XPECTRO FM documentó que el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa entregó más de 3 mil millones de pesos en contratos y asignaciones directas a una red de al menos 23 empresas vinculadas con licitaciones presuntamente simuladas y posibles actos de colusión con funcionarios estatales.
La revisión de 200 procesos licitatorios, adjudicaciones directas y concursos por invitación restringida realizados desde la llegada de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, el 1 de noviembre de 2021, así como el análisis de más de 5 mil documentos oficiales, reveló una red de empresas presuntamente utilizada como un “carrusel” para distribuir recursos públicos mediante contratos gubernamentales.
Ahora, la nueva documentación pone al descubierto una red de presuntos favores políticos en beneficio de empresas vinculadas con las familias de ambos funcionarios estatales durante la administración de Rocha Moya.
Empresas ligadas a funcionarios, beneficiadas
Uno de los casos más representativos de estas irregularidades se registró en el ejercicio fiscal de 2022, cuando el Gobierno de Sinaloa, mediante la Secretaría de Administración y Finanzas, lanzó una Licitación Pública Nacional para la compra de vehículos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública.
Con el folio LPN GES 03/2022, la dependencia —dirigida entonces por Enrique Alfonso Díaz Vega, identificado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico— adjudicó en febrero de ese año una partida del contrato a la empresa Distribuidora de Autos y Camiones S.A. de C.V.
De acuerdo con documentos oficiales, la empresa obtuvo la adjudicación para la compra de una Suburban tipo G, modelo 2022, por 3 millones 629 mil pesos con 79 centavos, pero en actas constitutivas e historiales corporativos revelan vínculos de la compañía con el entonces secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, y miembros de su familia.
Semanas después de esta licitación, el propio gobernador Rocha Moya confirmó que sí existía un conflicto de intereses que involucraba a Javier Gaxiola Coppel por su conexión con Distribuidora de Autos y Camiones, sin embargo, no se encontraron pruebas de la cancelación de dicha licitación ni del inicio de un proceso de sanción.
La red empresarial, confirmada por actas constitutivas, movimientos corporativos y la incorporación de nuevos socios, configura una estructura compleja de rastrear, pero las distintas líneas de investigación terminan por revelar los vínculos familiares entre ambas familias involucradas.
En conjunto, los documentos analizados exhiben la relación empresarial entre Enrique Alonso Díaz Vega —entonces secretario de Administración y Finanzas— y la familia Gaxiola Coppel, quienes compartieron participación en diversas compañías, entre ellas Housesin Desarrollos S.A. de C.V., Olympo Farms S.A. de C.V., CashForCar S.A. de C.V., Comercial Digax S.A. de C.V. y Urbaland S.A. de C.V.; las dos últimas fueron liquidadas recientemente.
Según las actas constitutivas revisadas, la empresa tiene entre sus accionistas a Controladora ZE, cuyos socios pertenecen a la familia Zazueta Echevarría, así como a Hergaco S.A. de C.V., compañía vinculada al exsecretario de Economía Javier Gaxiola Coppel, sus padres —Mónica Guadalupe Coppel Luken y Santiago Luis Gaxiola Clouthier— y sus hermanos Agustín, Alejandro y Santiago.
Documentos del Registro Público de la Propiedad revelan que en octubre de 1939 aparecían como socios de la empresa Ernesto González, Isaac Coppel y Tomás de Rueda Junior. Décadas después, en 1997, las acciones fueron transferidas a la empresa Tenedora Automotriz S.A. de C.V.
La participación de Tenedora Automotriz S.A. de C.V. adquiere relevancia al identificarse como socios a Rubén Eugenio Coppel Luken —tío del exsecretario de Economía— y a la empresa Controladora Gaco S.A. de C.V. Como parte de esa operación corporativa, el 50 por ciento de las acciones quedó bajo control de Tenedora Automotriz y el resto en poder de Controladora EZ.
Asimismo, en agosto de 2012 se concretó la escisión de la sociedad que dio origen a Hergaco S.A. de C.V. Según el acta de inscripción correspondiente, entre sus accionistas aparece Controladora Gaco S.A. de C.V., firma vinculada al exsecretario de Economía y a integrantes de la familia Gaxiola Coppel.
Este hecho también contraviene lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Inmuebles para el Estado de Sinaloa.
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