Durante años el estado mexicano ha perseguido al ex gobernador de Tamaulipas, las pruebas documentales confirman que sólo es una persecución política y mediática
Por Víctor Hugo Arteaga
Ciudad de México (CDMX).- Mientras el gobierno de México persigue al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por supuestos delitos financieros, las mismas autoridades mexicanas han declarado inocentes a acusados en su caso, dejando toda su batalla en una persecución política y mediática.
Una ficha roja inexistente de la Interpol confirmada por las autoridades internacionales, sentencias de inocencia en torno a la principal acusación, operación de secretarios de gabinete y desde la Cámara de Diputados, forman parte del operativo contra uno de los principales líderes de la resistencia mexicana.
Además figura una inusual atracción del caso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar un amparo que estuvo muchos años sin ser activado y presiones desde la Fiscalía de Tamaulipas contra sus ex colaboradores.
Desde el Gobierno Federal en las dos administraciones de Morena se inició una campaña de desprestigio en contra de Cabeza de Vaca y los voceros oficialistas, como también funcionarios públicos de los tres poderes, tienen la orden de calificarlo como prófugo de la justicia cada vez que se refieran a él, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha solicitado a la Interpol que emita una segunda ficha roja.
El exgobernador de Tamaulipas, enfrenta desde el año 2020 una larga batalla judicial marcada por contradicciones, resoluciones judiciales a su favor y de otros coacusados, sumada a una abierta campaña mediática con actores afines al régimen en su contra.
La investigación penal por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones financieras avanzó en paralelo con esa confrontación: mientras desde Morena se construía una narrativa por encima de las propias resoluciones judiciales, las instancias legales llegaron, incluso, a exonerar a los coacusados en el caso.
En los últimos seis años Cabeza de Vaca encaró, además de la batalla judicial, un desafuero aprobado por el Congre de la Unión, que el Congreso de Tamaulipas no homologó, lo que generó una orden de aprehensión emitida a solicitud de la FGR.
La Fiscalía mexicana retrasó las resoluciones al recusar en cuatro rondas a los 12 magistrados de la anterior SCJN, esperando la llegada de los “ministros del acordeón” afines a Morena y entonces darle curso a la resolución.
Se niega persecución, pero es tratado como objetivo del Estado
A pesar de los procesos irregulares, la mandataria Claudia Sheinbaum niega persecución política en contra de Cabeza de Vaca y a pesar de que no existe una sentencia que así lo determine, lo ha culpado una y otra vez desde la conferencia de prensa de todos los días desde el Gobierno Federal.
Los constantes ataques contra el panista alimentaron la denuncia de una persecución política, consecuencia de que, como gobernador, Cabeza de Vaca se convirtió en uno de los principales críticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual nunca le perdonó que públicamente y en eventos oficiales lo confrontara por la persecución ejercida.
Y en este 2026, diversos analistas políticos consideran que la reciente iniciativa de reforma constitucional que modificó los requisitos para que ciudadanos con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia y otros cargos tiene una dedicatoria: Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La construcción mediática de mentiras
Las acusaciones contra Cabeza de Vaca se remontan al año 2020, pero el procedimiento penal adquirió formalmente una dimensión institucional en febrero de 2021, cuando la FGR presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el entonces gobernador por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, sólo autorizó que se procesara a Cabeza de Vaca por el único delito de Defraudación Fiscal Equiparada, aunque la FGR, a pesar de la instrucción del Congreso, judicializó todos los delitos.
Los principales liderazgos morenistas emprendieron una campaña mediática en contra del panista.
El propio Andrés Manuel López Obrador contribuyó a esa construcción pública de culpabilidad, cuando en su conferencia mañanera del 19 de octubre de 2022, al referirse a Tamaulipas y a la administración de García Cabeza de Vaca, habló de las acusaciones y trasladó al terreno político una imputación que todavía se encontraba bajo investigación judicial.
“La Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, expuso públicamente López Obrador.
En marzo de 2021, el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que Cabeza de Vaca era “el quinto gobernador del PRIAN en Tamaulipas vinculado a la delincuencia organizada” y sostuvo que “este 2021 la transformación va a descabezar a la corrupción”.
Delgado aseguró que García Cabeza de Vaca y el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, habían “cometido diversos delitos en complicidad con el crimen organizado”, con lo cual, según especialistas en derecho, contribuyó a fijar públicamente una imagen de culpabilidad antes de que existiera una sentencia penal.
“Afortunada o desafortunadamente, el tema que hoy nos ocupa tiene nombre y apellido y es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal”, declaró el 30 de abril de 2021, al referirse al procedimiento contra el entonces todavía gobernador.
Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, también tuvo un papel central en esa exposición pública, pues durante el procedimiento de desafuero habló de un “esquema irregular” para adquirir inmuebles y relacionó empresas utilizadas en operaciones atribuidas al exgobernador con compañías que anteriormente habían sido utilizadas por el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, el propio Santiago Nieto hizo una precisión fundamental al aclarar que ello “no quiere decir necesariamente que Francisco ‘N’ esté involucrado con organizaciones criminales”, la cual quedó prácticamente sepultada por el discurso político que acompañó el caso.
Una cosa, establecieron analistas políticos, era señalar operaciones financieras sospechosas y otra muy distinta presentar públicamente al gobernador como integrante o cómplice del crimen organizado.
El pantanoso terreno judicial
En el terreno judicial, uno de los temas más relevantes fue cuando, en abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de procedencia (desafuero) contra el entonces gobernador.
Ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar la declaración. No se trató simplemente de que un Congreso “desobedeciera”, sino que la Suprema Corte estableció que se había violado el procedimiento.
De hecho, la Corte señaló expresamente que en este caso “el Congreso Local decidió no retirar la inmunidad procesal” de Cabeza de Vaca; por ello, cuando la FGR obtuvo la primera orden de aprehensión, surgió precisamente la controversia sobre si el gobernador conservaba o no el fuero.
Esa primera orden de aprehensión, emitida en el año 2021, terminó siendo invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que se habían invadido facultades del Congreso de Tamaulipas mientras Cabeza de Vaca conservaba el fuero.
En un hecho inédito e irregular, a través de uno de sus agentes del Ministerio Público, la FGR solicitó en cuatro ocasiones recusar, a los 12 magistrados de la SCJN encargados de resolver el tema, como una medida, según la defensa del panista, para permitir que llegaran los nuevos integrantes del máximo órgano de justicia, todos ellos afines a Morena.
Una vez en el poder la nueva SCJN, decidió atraer el caso de Cabeza de Vaca y dárselo a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, cercana a Andrés Manuel López Obrador, siendo la primera vez que un caso de un civil es llevado a esta instancia, pues cuando la SCJN atrajo el caso Cabeza de Vaca ya no tenía ningún cargo político.
Era evidente que la Suprema Corte revocaría el amparo otorgado y por unanimidad el amparo que protegía a Cabeza de Vaca, reactivando de esa manera la orden de aprehensión en su contra del 2024.
Otro punto controvertido fue la enorme diferencia entre las cifras difundidas públicamente y los hechos concretos que sustentaron el procedimiento de desafuero.
La Fiscalía habló de una fortuna y movimientos financieros superiores a 900 millones de pesos, mientras que las acusaciones concretas incluían discrepancias fiscales y operaciones específicas cuya interpretación ha sido cuestionada.
También quedó bajo cuestionamiento la utilización de información atribuida a autoridades estadounidenses, pues el propio López Obrador difundió públicamente documentos relacionados con una supuesta investigación internacional y posteriormente reconoció que existía una controversia sobre la autenticidad de un cable emitido, supuestamente, por la CIA.
El departamento por el que se acusó a Cabeza de Vaca en Santa Fe constituye otro ejemplo de la necesidad de distinguir entre indicios y culpabilidad.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto presentó una ruta financiera que consideró sospechosa y habló de empresas vinculadas anteriormente con operaciones del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, incluso su titular reconoció que esa circunstancia no demostraba por sí misma una relación entre el grupo criminal y Cabeza de Vaca.
El asunto más relevante del caso fue la exoneración de los coacusados, los empresarios Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Támez Arellano, señalados como parte de un supuesto esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada relacionado con el exgobernador.
Reséndez Cantú fue detenido en Estados Unidos en julio de 2021 y trasladado a México, donde permaneció aproximadamente un año y diez meses en el penal del Altiplano. En abril de 2023, un juez federal determinó no vincularlo a proceso y ordenó su libertad, al considerar insuficientes los datos presentados por la Fiscalía.
En la Tercera determinación de la causa penal 139/2021 en la página 49, los magistrados señalaron que a Reséndez Cantú se le intentó vincular con organizaciones criminales, pero que no existe un dato de prueba que lo demuestre y que ninguna de sus empresas está catalogada como EFOS o Empresa Fantasma.
Es esa misma determinación el juez destacó que la “institución ministerial” hizo ver de manera subjetiva y analógica que Francisco Javier Gacía Cabeza de Vaca, siendo Senador votó a favor de una reforma con la que posteriormente, siendo Gobernador, se valía de ella para explotar la industria pública en Tamaulipas y así apoderarse de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, el juez del caso aseguró que en ese punto en lo particular no está demostrado y menos con la participación de Reséndiz Cantú (Página 50). Esta declaración realizada por el juez de control fue avalada por el primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Distrito, el cual determinó, por unanimidad, la no vinculación a proceso de Reséndiz Cantú.
En esta determinación, tanto juez de control, como magistrados, resolvieron que las pruebas presentadas en los dos primeros años del proceso penal por la Ministerio Público de la FGR, Santiago Nieto Castillo en la UIF y el resto de las autoridades acusadoras, no comprobaron con objetividad las acusaciones de actividades ilícitas en contra de Cabeza de Vaca.
El segundo coacusado no fue detenido
Por su parte, Juan Francisco Támez Arellano no llegó a ser detenido y obtuvo resoluciones judiciales favorables, que dejaron sin efecto la orden de aprehensión en su contra.
Para octubre del año 2023, tribunales federales cancelaron las órdenes de captura contra ambos y determinaron que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los dos coacusados en el Caso Cabeza de Vaca, terminaron liberados y exonerados judicialmente de las acusaciones que la FGR había formulado en su contra.
Sin embargo, a pesar de caerse el caso, se mantuvo el proceso contra Cabeza de Vaca, a pesar de que ambos empresarios formaban parte de la misma teoría de investigación con la que la Fiscalía había intentado construir el supuesto esquema financiero que involucraba al exgobernador.
Ahora, cuando Cabeza de Vaca mantiene su intención de buscar la Presidencia de México, aparece una nueva barrera constitucional: el pasado 27 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa que finalmente modifica la Constitución y establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no tengan otra nacionalidad o renuncien a ella antes de solicitar su registro.
Sin sentencia el Estado y la SCJN violan leyes electorales para impedirle una diputación federal
La persecución política continuó contra Cabeza de Vaca en el año 2024, cuando el Partido Acción Nacional lo colocó en la lista de diputados plurinominales en la primera posición de su lista.
A mediados de abril del 2024, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del INE en ese momento, visitó junto con Mario Delgado Carillo, entonces dirigente nacional de Morena, al Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.
Registros en las redes sociales de Sergio Gutiérrez Luna y Mario Delgado comprueban cómo el Estado siguió operando para que el exgobernador de Tamaulipas, que no tenía ninguna sentencia judicial en su contra y contra las leyes electorales, fuera inhabilitado para ser elegible en la elección de diputados federales de ese año para renovar el Congreso de la Unión.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca externó en agosto de este año su deseo de competir en el año 2030 por la Presidencia de México. Desde entonces, la Fiscalía de Tamaulipas, comenzó una operación en fast track, para apresurar los procedimientos contra funcionarios del gobierno del ex gobernador.
El pasado 1 de octubre el ex gobernador de Tamaulipas, denunció al actual gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya y a algunos de sus funcionarios, en una corte del sur de Texas.
Entre otras pruebas, Cabeza de Vaca entregó evidencias de como algunos funcionarios del gobierno de Américo Villarreal tienen nexos familiares con gente ligada a grupos delincuenciales.
Cabeza de Vaca no ha sido ligado a grupos criminales, ni existen denuncias oficiales en México y Estados Unidos como es el caso de algunos funcionarios morenistas como Rubén Rocha Moya (Cártel de Sinaloa), Américo Villarreal (Cártel del Golfo), Adán Augusto López (La Barredora), Mario Delgado (huachicol fiscal) y Marina del Pilar Ávila (Cártel de Sinaloa).
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