El gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en ocho de sus 24 provincias, considerándolas como las más afectadas por la violencia del narcotráfico, que continúa pese a las permanentes operaciones militares y policiales. Organizaciones criminales, dedicadas también al secuestro, la extorsión y la minería ilegal, sostienen una cruenta disputa por el poder que llevó a la violencia a su punto más alto en 2025.
El año pasado se registraron 51 muertes por cada 100000 habitantes, lo que equivale a un asesinato cada hora, según Insight Crime.
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