Imagínese: compra un vuelo, aterriza en Mallorca, y se dirige a la cala Sant Vicenç, donde le espera un grupo de personas con excavadoras y buldóceres. Usted ha llegado hasta aquí porque se apuntó a un fondo colectivo con el objetivo de comprar edificios situados en primera línea de playa.
Pero ojo, no para habitarlos, sino para derribarlos. ¿Quién querría una casa de vacaciones cuando puede participar en la demolición de miles de ellas? No es una utopía —o el apocalipsis, según se lea—.
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